El horizonte judicial tras el desastre natural del 29 de octubre en Valencia ha tomado una nueva dirección. Tras semanas de incertidumbre sobre las responsabilidades legales en la gestión de la DANA, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha dado un paso determinante al citar en calidad de testigo al anterior jefe del Ejecutivo autonómico, Carlos Mazón.
El cambio de rol procesal: de la investigación al testimonio
La decisión judicial llega tras un análisis exhaustivo de las competencias y responsabilidades durante la jornada crítica que segó la vida de más de 230 personas. Inicialmente, se planteó la posibilidad de que Mazón fuera investigado; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha descartado, por el momento, indicios de delito en su actuación directa o por omisión.
Bajo este prisma legal, la magistrada instructora argumenta que, al no ostentar Mazón una «posición de garante» que derive en responsabilidad penal omisiva, su figura dentro de la causa debe ser la de testigo presencial y clave. Esta citación busca arrojar luz sobre la cronología de decisiones tomadas desde el Palau de la Generalitat y el Cecopi sin que ello suponga, a día de hoy, una imputación formal.
La transparencia de las comunicaciones: el registro del 29-O
Uno de los puntos más sensibles del reciente auto judicial es el requerimiento de las comunicaciones privadas. La jueza ha solicitado que el ahora diputado autonómico aporte de manera voluntaria tanto sus listados de llamadas como los mensajes de texto y aplicaciones de mensajería generados durante el día de la tragedia. El objetivo es reconstruir con exactitud el flujo de información y la capacidad de reacción ante la alerta meteorológica.
- Voluntariedad: La entrega de estos registros se plantea como un acto de colaboración con la justicia antes de que el auto del TSJCV adquiera firmeza total.
- Contraste de datos: Estas pruebas se cotejarán con las declaraciones de otros mandos de emergencias y autoridades presentes en el centro de mando.
- Alcance temporal: La petición se circunscribe específicamente a las horas críticas donde se produjo el desbordamiento de los cauces y el envío del sistema de alertas masivas.
Ampliación del foco: alcaldes y otros cargos bajo la lupa
La instrucción no se limita únicamente a la cúpula del Consell. La magistrada ha extendido la solicitud de registros telefónicos a varios alcaldes de las zonas más afectadas por la riada. Se busca verificar qué instrucciones recibieron desde la administración central y en qué momento exacto se produjeron los contactos con los responsables del Cecopi.
Además de Mazón, comparecerá como testigo Ruth Merino, quien ejercía como portavoz del Consell en el momento de los hechos. La intención de la magistrada es obtener una visión periférica de la coordinación institucional y determinar si hubo fallos sistémicos en la cadena de mando que impidieron una evacuación o aviso más eficaz.
Pruebas periciales y acusaciones populares
El proceso judicial también avanza en el terreno técnico y administrativo. En una providencia reciente, se ha ordenado una prueba pericial caligráfica a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Esta medida surge tras la aparición de documentos manuscritos aportados por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, cuyas anotaciones requieren ser validadas para confirmar su autoría y contexto.
Por otro lado, la jueza ha blindado la seriedad del procedimiento exigiendo una fianza de 6.000 euros a las asociaciones que pretenden personarse como acusación popular. Con ello se pretende asegurar que la acción judicial se centre en el resarcimiento de las víctimas y la búsqueda de la verdad técnica, evitando la politización excesiva del proceso penal.
Este nuevo escenario procesal marca un punto de inflexión en la investigación de la DANA de Valencia. Aunque la vía penal contra la presidencia parece haberse enfriado por el criterio del TSJCV, la obligación de declarar y entregar registros telefónicos sitúa a la gestión política bajo un escrutinio judicial sin precedentes que buscará responder a las preguntas que miles de damnificados aún se formulan.