Una operación coordinada a nivel continental ha puesto bajo la lupa las finanzas del extinto grupo parlamentario Identidad y Democracia (ID). Bajo la dirección de la Fiscalía Europea, diversas unidades policiales, entre ellas la UDEF en España, han iniciado una serie de registros para esclarecer el destino de millones de euros públicos que debían financiar exclusivamente la actividad política comunitaria entre los años 2019 y 2024.
Irregularidades financieras: El rastro de los 4 millones de euros
El núcleo de la investigación se centra en el presunto uso indebido de 4,33 millones de euros. Según las pesquisas iniciales, este capital, desembolsado por el Parlamento Europeo para la operatividad logística y administrativa del grupo, habría sido desviado mediante mecanismos que eluden la normativa comunitaria. La sospecha recae sobre la gestión de los líderes del bloque, Marine Le Pen y Matteo Salvini, durante la legislatura anterior.
El análisis contable realizado por las autoridades europeas sugiere que el dinero no se empleó en funciones parlamentarias, sino que se canalizó a través de dos vías principales:
- Donaciones externas: Transferencias de fondos a asociaciones civiles y entidades que carecían de vinculación real con las tareas legislativas en Bruselas o Estrasburgo.
- Red clientelar: Adjudicación de contratos de servicios a empresas con vínculos directos o indirectos con las formaciones políticas que integraban el grupo Identidad y Democracia.
El operativo en Madrid: La UDEF en el corazón de Salamanca
En el marco de esta redada internacional que también afecta a Francia, Italia y Bélgica, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han intervenido un inmueble situado en el exclusivo distrito de Salamanca, en Madrid. Este edificio funcionaba como delegación del grupo ID en España, y el objetivo del registro es la incautación de documentación digital y física que permita trazar el flujo del dinero bajo sospecha.
La Fiscalía Europea ha confirmado que estas diligencias son fundamentales para garantizar la integridad de las pruebas. Aunque el grupo político cesó su actividad bajo esa denominación tras los últimos comicios, la responsabilidad jurídica por la administración de los fondos públicos persiste, afectando directamente a la estructura que lideraban los referentes de la derecha populista europea.
Implicaciones políticas y futuro del caso
Este escándalo surge en un momento de reconfiguración de las alianzas en la Eurocámara. Mientras la investigación avanza bajo secreto de sumario parcial, el Parlamento Europeo podría exigir la devolución íntegra de las cuantías no justificadas, además de las posibles sanciones penales que se deriven del mal uso de recursos públicos transnacionales. El caso subraya la creciente vigilancia de la justicia europea sobre el gasto de las asignaciones parlamentarias por parte de las formaciones políticas.