La reorganización interna en el Ministerio para la Transición Ecológica ha tomado un cariz de urgencia política. Hugo Morán, quien fuera una pieza fundamental en la estructura de mando desde 2018, abandona su cargo de Secretario de Estado de Medio Ambiente para asumir la presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este movimiento, lejos de ser un ascenso, se interpreta en los pasillos de Moncloa como una maniobra de distanciamiento necesaria frente al avance de las investigaciones judiciales que rodean al grupo Forestalia.
Un retroceso administrativo y económico de alto calado
El traslado de Morán a la Aemet supone, en términos técnicos y salariales, una degradación administrativa significativa. Al pasar de una Secretaría de Estado a una Dirección General, el veterano político asturiano dejará de percibir aproximadamente 30.000 euros anuales, situando su nueva retribución cerca de los 110.000 euros. No obstante, fuentes internas sugieren que el coste económico es secundario frente al «alivio» político que supone su salida para el equipo de la nueva ministra, Sara Aagesen.
La gestión de Morán se había vuelto insostenible tras la apertura de auditorías internas. Su departamento era el responsable último de la validación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), documentos que permitieron a Forestalia desarrollar proyectos energéticos de envergadura bajo sospecha. La salida del cargo se produce justo cuando la sombra de la corrupción y el cobro de comisiones ilegales empieza a cercar la cúpula técnica que dependía directamente de él.
La sombra de las licencias ambientales bajo sospecha
El núcleo del conflicto reside en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Según las investigaciones lideradas por la Guardia Civil, se habrían concedido permisos de forma irregular, incluso ignorando criterios de protección para especies protegidas como el quebrantahuesos en zonas de despliegue eólico. Lo que ha generado mayor controversia es la relación de Morán con Eugenio Domínguez, el subdirector que firmaba dichas licencias.
- Asesoría polémica: Tras su jubilación, Domínguez fue rescatado por Morán como asesor directo, manteniendo su influencia en el ministerio.
- Investigación de la UCO: Se rastrean pagos de hasta 5,2 millones de euros canalizados presuntamente a través de sociedades fantasma vinculadas a exvotos ministeriales.
- Criterios selectivos: Funcionarios del departamento señalan una dualidad en el trato; proyectos de Forestalia obtenían el «sí» donde otros promotores recibían bloqueos técnicos.
Cortafuegos político ante la presión parlamentaria
La presión ejercida por formaciones como Vox y Teruel Existe ha sido determinante para precipitar este relevo. Ambas fuerzas habían señalado reiteradamente la responsabilidad política de Morán en la tramitación de macroproyectos renovables que han transformado el paisaje rural aragonés. La estrategia de Moncloa parece clara: establecer un cortafuegos institucional que aisle al Gobierno de los posibles hallazgos de la Guardia Civil sobre la trama de las licencias.
Además de la salida de Morán, el foco se mantiene sobre la directora general Marta Gómez Palenque, quien reportaba directamente al ahora presidente de la Aemet. La estructura que validó los activos de la familia Samper está siendo desmantelada pieza a pieza mientras la auditoría interna intenta determinar hasta qué punto el tráfico de influencias permeó la estructura de Transición Ecológica.
El efecto dominó: Dimisión en la cúpula de Forestalia
Casi en paralelo a la salida de Morán, el sector empresarial ha reaccionado. Fernando Samper Rivas ha dejado la presidencia del Grupo Forestalia, delegando la gestión en su hijo, Ricardo Samper. Aunque la empresa justifica este cambio como un proceso de profesionalización y separación entre propiedad y gestión, la realidad es que el movimiento coincide con el escrutinio de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre un préstamo estatal millonario y la legalidad de sus activos renovables.
En conclusión, el traslado de Hugo Morán a la Aemet marca el fin de una etapa marcada por la expansión acelerada de las energías renovables en España, pero también por las dudas sobre la transparencia administrativa. Lo que se presenta oficialmente como un relevo ordinario, esconde una profunda crisis de confianza que amenaza con salpicar la gestión medioambiental del Ejecutivo en los próximos meses.