En el marco de las comparecencias judiciales que investigan las irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, el testimonio de Jesús Manuel Gómez García ante el Tribunal Supremo ha arrojado luz sobre la vertiginosa gestión administrativa de los contratos. El exsubsecretario de Transportes ha confirmado que la decisión de incrementar el pedido de mascarillas de cuatro a ocho millones de unidades se tomó en un intervalo de apenas treinta minutos, impulsada por una exigencia directa del asesor ministerial Koldo García.
La política del ultimátum: Ocho millones o nada
La declaración de Gómez García subraya una operativa marcada por la presión externa de los proveedores. Según el exalto cargo, el incremento del volumen de compra no respondió a una planificación técnica minuciosa, sino a una condición impuesta por los suministradores. La premisa transmitida por el entorno de confianza del entonces ministro José Luis Ábalos fue tajante: para asegurar el suministro, la administración debía duplicar el pedido de forma inmediata o arriesgarse a perder la mercancía disponible.
Este cambio drástico se materializó el 20 de marzo de 2020. En un lapso de tiempo que la auditoría interna del Ministerio cifra en 38 minutos, la orden ministerial fue modificada y firmada para dar cabida a la nueva cantidad de material. Esta celeridad ha sido uno de los puntos críticos del interrogatorio liderado por la Fiscalía Anticorrupción, que busca determinar si existió un control real sobre la idoneidad y el precio de la oferta presentada por Soluciones de Gestión.
Puertos del Estado: El brazo financiero elegido para la trama
Uno de los aspectos analizados durante la quinta jornada del juicio ha sido la elección de Puertos del Estado como ente contratante. Gómez García justificó esta decisión basándose en la robustez financiera y la experiencia operativa de este organismo frente a otras dependencias del Ministerio. La estrategia consistía en centralizar la compra en una entidad con capacidad de pago rápida para agilizar los trámites en un mercado internacional altamente competitivo y caótico.
- Soluciones de Gestión suministró un total de 13 millones de mascarillas entre Puertos del Estado y ADIF.
- El importe total de estas operaciones ascendió a aproximadamente 36 millones de euros.
- La empresa no tenía antecedentes de actividad previa en el sector de suministros médicos.
Anomalías en el flujo de información y documentos
La cronología de los hechos revela inconsistencias temporales significativas. El exsubsecretario admitió que la oferta comercial llegó a sus manos incluso antes de que las necesidades de material sanitario se publicaran en los canales oficiales. Fue el propio Koldo García quien entregó físicamente el documento en el despacho de Gómez García, quien procedió a escanearlo y distribuirlo para «agilizar» el proceso.
Al ser consultado sobre el origen de dicha oferta y por qué un asesor ministerial manejaba información comercial privilegiada, el testigo manifestó desconocer los detalles, admitiendo que no realizó preguntas adicionales sobre la procedencia del contacto. Este proceder refuerza la tesis de que la cadena de mando ordinaria fue puenteada por la influencia directa del asesor ministerial, quien actuaba como enlace directo con la firma proveedora.
Impacto de la auditoría y futuro del procedimiento
La investigación actual se apoya considerablemente en el informe de auditoría impulsado por la nueva dirección del Ministerio de Transportes. Dicho documento expone la fragilidad de los procedimientos administrativos seguidos durante el inicio de la crisis sanitaria y señala la responsabilidad política de las firmas estampadas en las órdenes modificadas. La declaración de hoy sitúa a la estructura jerárquica del Ministerio en una posición comprometida, al evidenciar que las decisiones de gasto millonario se alteraron en minutos bajo presiones externas y sin una justificación documental sólida que avalara la necesidad inmediata de doblar la adquisición.
El proceso en el Supremo continuará analizando si estas irregularidades administrativas constituyen delitos de corrupción o si se enmarcan en la excepcionalidad del estado de alarma, aunque los testimonios recogidos hasta ahora apuntan a una gestión dirigida desde el entorno más cercano a la cúpula del Ministerio.