Un procedimiento administrativo bajo el foco de la normalidad institucional
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha abordado con firmeza la reciente apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Lejos de mostrar preocupación, la primera edil ha enmarcado esta investigación en el funcionamiento ordinario de las instituciones judiciales, señalando que la recepción de una denuncia obliga legalmente al Ministerio Público a iniciar un trámite de comprobación, con independencia de la solidez de los argumentos presentados.
El núcleo de la controversia se centra en la supuesta recolocación de personal proveniente del extinto Consorcio Valencia 2007. Frente a las acusaciones de presunta prevaricación, Catalá ha asegurado que su administración actuará con total apertura, facilitando a la Justicia el acceso íntegro a los expedientes de la Fundación Visit València y del propio proceso de liquidación del ente consorciado. Según la alcaldesa, la incorporación de trabajadores a plazas municipales se ha regido por principios de publicidad y mérito.
Contradicciones políticas y el origen de las plazas en disputa
Uno de los puntos más críticos del discurso de Catalá ha sido la denuncia de lo que califica como una «incoherencia esperpéntica» por parte de los grupos de la oposición, específicamente de Compromís. La alcaldesa recuerda que, durante el proceso de disolución del Consorcio, los mismos sectores que ahora denuncian el proceso administrativo solicitaron mediante mociones plenarias la reasignación directa de los empleados públicos para evitar despidos colectivos.
- Existencia de mociones previas donde se pedía la continuidad de los trabajadores por parte de la oposición.
- Informes desfavorables de la Secretaría Municipal que en su momento impidieron la subrogación solicitada por los denunciantes.
- Voto en contra del Partido Popular a dichas mociones debido a las advertencias legales de los técnicos municipales.
La defensa subraya que el Ayuntamiento siempre ha mantenido una postura de prudencia técnica, rechazando la subrogación directa que pretendía la oposición al considerar que los empleados pertenecían originalmente a una estructura vinculada a la Administración General del Estado y no estrictamente al consistorio local.
El marco legal de la liquidación y el concurso público
La transición del personal afectado por la liquidación del Consorcio Valencia 2007 se produjo tras un informe de la Abogacía del Estado en enero de 2024, que determinó la extinción de los contratos laborales. En este escenario de despido colectivo (ERE), la normativa vigente contempla la posibilidad de recolocación interna o el acceso a nuevas vacantes siempre que se respeten los principios de igualdad, capacidad y transparencia.
Catalá ha puntualizado que la persona que actualmente ocupa un puesto en la Fundación Visit València lo hizo a través de un procedimiento de concurso-oposición. Lo relevante, según la alcaldesa, es que dicha plaza fue creada durante el mandato del anterior equipo de gobierno (Compromís y PSPV), y el proceso selectivo se cerró sin que se presentara ni una sola reclamación o recurso por parte de otros aspirantes o entidades sociales.
Hacia una resolución basada en la transparencia documental
El Ayuntamiento de Valencia confía en que el análisis exhaustivo de las bases de los tribunales y los expedientes internos disipe cualquier duda sobre la transparencia de la gestión. La estrategia de defensa no solo se centrará en la legalidad del acceso al empleo público, sino también en exponer los antecedentes políticos del caso, sugiriendo que la denuncia carece de fundamento jurídico sólido y responde a una maniobra de desgaste.
En conclusión, el gobierno municipal insiste en que la protección de los derechos laborales de los trabajadores afectados por el cierre del Consorcio se ha realizado dentro de los márgenes legales y bajo el régimen de derecho laboral correspondiente. La disposición total a colaborar con la Fiscalía pretende demostrar que, frente a las acusaciones de «dedazo», la realidad administrativa muestra un proceso reglado, público y anteriormente validado por la propia inacción de quienes hoy lo cuestionan.