El panorama del campo europeo se enfrenta a una transformación estructural que ha encendido las alarmas en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page ha manifestado su firme oposición a los recientes giros en la política agraria comunitaria, señalando que los planes de la Comisión Europea rompen de forma drástica con las expectativas generadas en los meses previos a los últimos comicios europeos.
El riesgo de la nacionalización de las ayudas agrarias
Uno de los puntos más críticos señalados por el líder castellano-manchego es la posible transición hacia un sistema de fondos gestionados íntegramente por los Estados miembros. Este modelo, que Page describe como una vuelta al «cheque nacional», supondría desmantelar la cohesión de la actual PAC, permitiendo que cada país administre los recursos según sus propios criterios administrativos.
Esta propuesta de un gran fondo estatal diluye la estructura de pilares que ha dado estabilidad al sector durante décadas. Según el presidente regional, Europa no puede permitirse un cambio de coordenadas tan abrupto que suponga una convulsión para los productores, quienes dependen de una política común fuerte y no de una fragmentación de las cuentas nacionales.
Incoherencias políticas y recortes presupuestarios
La preocupación manifestada en Bruselas no radica únicamente en la forma de gestión, sino también en el recorte de las partidas. Se prevé que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 traiga consigo una reducción de los recursos destinados al desarrollo rural y al sector primario. Page considera que esta realidad choca frontalmente con el mensaje que se lanzó a la ciudadanía durante la campaña electoral de junio de 2024.
- Rechazo absoluto a la pérdida de autonomía de los pilares de la política agraria.
- Crítica a las «reinterpretaciones» financieras que perjudican la rentabilidad de las explotaciones.
- Necesidad de mantener una estructura europea que evite la competencia desleal entre estados miembros.
Hacia un campo con futuro: el relevo generacional
Más allá de la crítica a la burocracia de la Comisión, la estrategia de Castilla-La Mancha se centra en liderar soluciones constructivas dentro del Comité Europeo de las Regiones. La región ha encabezado la exposición de un dictamen técnico enfocado exclusivamente en el relevo generacional en el campo, una pieza clave para asegurar la soberanía alimentaria y la cohesión del territorio.
El objetivo es revertir la tendencia actual de envejecimiento en el sector y garantizar que la actividad primaria siga siendo el motor de las zonas rurales frente al reto demográfico. Page se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de «torcerle el brazo» a la propuesta inicial de Bruselas, buscando proteger los intereses de los agricultores y ganaderos frente a los planes de recorte presupuestario.
En definitiva, la postura de Castilla-La Mancha es clara: la supervivencia del sector agrario no admite experimentos financieros ni reducciones de fondos. La batalla política en el corazón de Europa buscará blindar el presupuesto y evitar que la gestión de la PAC pierda su esencia comunitaria en favor de una administración descentralizada que genera incertidumbre en el campo español.