La dimisión fulminante de José Ángel González como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional ha destapado una serie de procedimientos internos que, lejos de ser excepcionales, siguieron la normativa estricta de la institución. Tras la denuncia por agresión sexual con penetración, se ha verificado que el cambio de destino de la agente afectada respondió exclusivamente a criterios de baremación y méritos tras su promoción profesional.
El rigor administrativo en el traslado de la inspectora
La incorporación de la denunciante a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación no fue una decisión arbitraria ni un movimiento teledirigido por la cúpula policial. El proceso se activó de manera automática tras su ascenso a la categoría de inspectora. Según los protocolos de la Policía Nacional, una vez finalizado el periodo de prácticas, los agentes deben solicitar plaza basándose en un sistema de puntuación técnica y vacantes disponibles.
Fuentes institucionales confirman que en la adjudicación de este puesto no hubo intervención de mandos intermedios ni presiones jerárquicas. La asignación se realizó a través de una herramienta telemática en la intranet del cuerpo, donde cada funcionario jerarquiza sus preferencias. En este caso concreto, la inspectora optó por el área de gestión, alejándose de las funciones operativas directas.
Las tres alternativas de destino tras el ascenso
Al alcanzar el grado de inspectora, la agente tuvo ante sí tres caminos posibles para desarrollar su carrera profesional en los servicios centrales o la capital:
- Servicios Centrales en el Área Operativa: Entorno donde se ubica la propia Dirección Adjunta Operativa y el núcleo de mando.
- Jefatura Superior de Policía de Madrid: Destino centrado en la seguridad ciudadana y gestión territorial de la capital.
- Servicios Centrales en el Área de Gestión: Donde se encuadra la Subdirección de Recursos Humanos, opción finalmente elegida por la víctima.
A pesar de que su nueva ubicación se encontraba en el mismo complejo arquitectónico que el despacho del entonces DAO, la agente seleccionó la vía de gestión administrativa como la opción más adecuada a sus intereses profesionales tras los presuntos hechos ocurridos en abril de 2025.
Presiones y colapso psicológico el primer día de destino
El inicio de su etapa en la Subdirección de Recursos Humanos, bajo el mando de la comisaria principal Gemma Barroso, fue traumático. Según detalla la querella presentada, el mismo día de su incorporación en julio de 2025, la inspectora recibió comunicaciones directas desde el entorno del DAO que precipitaron una crisis. Estas llamadas, descritas como un mecanismo de presión psicológica, motivaron que la agente solicitara la baja médica por problemas de salud mental de manera inmediata.
La respuesta de la institución, en ese momento representada por Barroso —quien actualmente ejerce como DAO interina—, fue de acompañamiento. La defensa de la denunciante ha subrayado la sensibilidad profesional mostrada por la superiora al gestionar tanto el cese temporal de actividad como la comunicación oficial de la interposición de la querella el pasado 17 de febrero.
Protocolo de protección y consecuencias en la cúpula
La situación ha derivado en la activación de medidas de seguridad extraordinarias. Tras conocerse la gravedad de las acusaciones por el delito ocurrido presuntamente en el domicilio del querellado, la dirección interina ha establecido un dispositivo de protección policial para la inspectora. Este movimiento busca garantizar la integridad de la agente mientras el proceso judicial sigue su curso, tras haber provocado ya el terremoto institucional más importante en la Policía Nacional en los últimos años.