La estabilidad en el Campo de Gibraltar ha alcanzado un punto de inflexión alarmante. Tras los últimos informes de la Fiscalía General del Estado, que advierten sobre una radicalización violenta de las mafias, el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha lanzado una ofensiva institucional para exigir que el Ejecutivo central asuma su responsabilidad en la protección de la comarca.
El preocupante ascenso de la agresividad criminal
El escenario actual en el Estrecho no se limita al tráfico de sustancias, sino que ha mutado hacia una hostilidad abierta contra el Estado. Según denuncia Landaluce, los grupos criminales han dejado de lado cualquier tipo de cautela para emplear armas de guerra y tácticas de confrontación directa. Este cambio de paradigma ha provocado que el principio de autoridad se debilite, poniendo en riesgo extremo la integridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Memoria de la Fiscalía de 2025 actúa como un respaldo técnico a lo que las asociaciones policiales llevan tiempo avisando: la delincuencia organizada ha perdido el respeto a la ley. En este sentido, el regidor algecireño critica duramente la inacción del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, acusando al Gobierno de minimizar una crisis que ya se cobra vidas en acto de servicio.
La reactivación del OCON-Sur: Un imperativo estratégico
Uno de los ejes centrales de la reclamación es la vuelta inmediata del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur). Esta unidad especializada, que demostró una eficacia sin precedentes durante su funcionamiento, fue desmantelada por el actual Gobierno en una decisión que Landaluce califica como injustificada y carente de transparencia.
Para la administración local, recuperar esta estructura es la única forma de garantizar una respuesta coordinada y contundente frente a unos clanes que operan con gran agilidad logística. La desaparición de esta unidad ha dejado un vacío que los narcotraficantes han aprovechado para ganar terreno y sofisticar sus métodos de actuación.
Un plan integral de recursos para el Estrecho
La lucha contra el crimen organizado no puede librarse únicamente en las playas. Landaluce subraya que la carencia de medios es transversal y afecta a todos los estamentos que combaten esta lacra social. Por ello, la exigencia de más efectivos y herramientas técnicas se extiende a sectores clave:
- Policía Nacional y Guardia Civil: Necesidad de refuerzos estables de personal y equipamiento de protección avanzado.
- Servicio de Vigilancia Aduanera: Modernización de las patrulleras y sistemas de detección marítima.
- Justicia y Prisiones: Incremento de plazas para jueces y fiscales, así como mejores condiciones de seguridad para los funcionarios de instituciones penitenciarias.
La conclusión de las autoridades locales es clara: el Campo de Gibraltar no puede convertirse en una zona de exclusión donde el Estado retroceda frente a la criminalidad. La falta de respuesta institucional no solo desampara a los profesionales de la seguridad, sino que compromete el desarrollo social y económico de toda la provincia de Cádiz.