Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para ser juzgado

El blindaje institucional que protegía a Luis ‘Alvise’ Pérez ha comenzado a desmoronarse en el corazón de Europa. Por primera vez desde que obtuvo su escaño, el Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad parlamentaria del líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta resolución, adoptada mediante una votación a mano alzada en el pleno, despeja el camino para que el Tribunal Supremo español tome las riendas de una investigación que podría marcar un antes y un después en la trayectoria del eurodiputado.

El fin del privilegio: Los motivos de la Eurocámara

La decisión de la Eurocámara no ha sido arbitraria, sino que responde a un análisis técnico riguroso realizado por la comisión de Asuntos Jurídicos. El argumento central para autorizar el suplicatorio remitido por la justicia española es claro: los actos por los que se le investiga no guardan relación con sus funciones legislativas. La protección de un eurodiputado está diseñada para garantizar la libertad de voto y expresión en el ejercicio del cargo, pero no actúa como un salvoconducto para conductas ajenas a la política parlamentaria.

En este caso concreto, la justicia española busca procesar a Alvise por un presunto delito de acoso o stalking, además de incitación al odio a través de plataformas digitales. El origen de la querella se sitúa en las acciones dirigidas contra Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio en Valencia. Según los indicios, el líder de SALF habría utilizado su influencia en redes sociales para señalar y hostigar a la funcionaria, cruzando la línea que separa la crítica política del hostigamiento personal.

Un horizonte judicial complejo: Más allá del caso Gisbert

Aunque la retirada de la inmunidad actual se centra en el episodio de la fiscal valenciana, el panorama legal para el eurodiputado es considerablemente más sombrío. Este es solo el primer peldaño de lo que se prevé como una sucesión de procesos judiciales. El Tribunal Supremo ya tiene en el horizonte otras cuatro causas que esperan turno, y para algunas de ellas ya se ha iniciado el trámite de solicitud de nuevos suplicatorios.

  • Financiación irregular y delitos electorales: Se investiga la recepción de 100.000 euros en efectivo por parte del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, durante la campaña de las europeas.
  • Falsedad documental: El caso relacionado con la difusión de una supuesta prueba PCR falsa atribuida al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
  • Amenazas y coacciones: Una querella interpuesta por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que denuncia presuntas presiones del eurodiputado.
  • Conflictos internos en SALF: El supuesto acoso denunciado por antiguos compañeros de lista, como Diego Solier y Nora Junco, tras su ruptura con el partido.

Implicaciones para el futuro de Se Acabó La Fiesta

La situación de Alvise Pérez coloca a su formación en una posición delicada. La narrativa de «persecución política» que suele manejar el eurodiputado se enfrenta ahora a la realidad de los procedimientos técnicos de la Unión Europea. Al perder la inmunidad, Alvise deberá comparecer ante el alto tribunal como cualquier otro ciudadano, perdiendo la ventaja estratégica que supone el aforamiento total frente a investigaciones por delitos comunes.

El caso de la financiación vinculada a las criptomonedas y la estafa masiva de Madeira Invest Club añade una capa de gravedad extra. La vinculación con Álvaro Romillo, quien se encuentra bajo medidas cautelares por un fraude millonario, podría derivar en cargos relacionados con el blanqueo de capitales o la recepción de fondos ilícitos para fines políticos. Con la inmunidad en retirada, el margen de maniobra de Alvise para evitar los tribunales se reduce a su mínima expresión.

En conclusión, la votación de este martes en Bruselas no solo permite que el Tribunal Supremo avance en el caso de acoso a la fiscal Gisbert, sino que sienta un precedente necesario. La Eurocámara ha enviado un mensaje contundente: el escaño no es un refugio contra la responsabilidad penal por actos realizados en el ámbito digital y personal.