El ultimátum judicial de cinco días para la entrega de registros
La investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe meteorológica en Valencia entra en una fase determinante. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha emitido una providencia en la que otorga un plazo de cinco días al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para que facilite de manera voluntaria la trazabilidad de sus comunicaciones. Esta solicitud se produce en un contexto de máxima exigencia de transparencia sobre las decisiones tomadas durante las horas críticas de la emergencia.
Reconstrucción de la agenda digital: Llamadas y mensajes
El requerimiento judicial no se limita únicamente a un listado superficial. La juez busca reconstruir el cronograma preciso del 29 de octubre de 2024, solicitando específicamente el registro detallado de llamadas entrantes y salientes. Además, la petición incluye el acceso a las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp o cualquier otra plataforma de mensajería instantánea que pueda arrojar luz sobre la coordinación de los servicios de emergencia. Para garantizar la veracidad de estos datos, se ha instado al expresident a que aporte también las facturas oficiales emitidas por las operadoras de telefonía.
Un testimonio supeditado a la estrategia procesal
A pesar de la urgencia por recopilar estas pruebas digitales, la comparecencia de Carlos Mazón como testigo en la causa todavía no tiene una fecha cerrada en el calendario. El juzgado ha condicionado su declaración a un paso jurídico previo: la resolución de la Audiencia de Valencia sobre el recurso interpuesto por el propio Mazón para personarse formalmente en el procedimiento. Este compás de espera administrativo es fundamental para definir el estatus jurídico bajo el cual el exmandatario ofrecerá sus explicaciones sobre los sucesos que derivaron en la pérdida de 230 vidas humanas.
Hacia una cronología definitiva de la emergencia
La aportación voluntaria de estos dispositivos y registros se considera una pieza clave para contrastar las versiones oficiales ofrecidas hasta la fecha. Con este movimiento, la justicia busca blindar la instrucción con datos técnicos irrefutables, alejándose de los relatos políticos y centrándose en la actividad real del máximo responsable autonómico durante la jornada en la que la DANA impactó con mayor virulencia en la región valenciana.