La actividad del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, en las instituciones europeas ha vuelto a generar consecuencias disciplinarias. En esta ocasión, la presidencia del Parlamento Europeo, bajo el mando de Roberta Metsola, ha dictaminado una penalización que afecta tanto a la presencia institucional del eurodiputado como a sus ingresos procedentes de las arcas públicas. La resolución surge tras la difusión de imágenes grabadas en el interior del hemiciclo sin el consentimiento de los implicados.
Impacto económico y suspensión de funciones
La sanción impuesta no es meramente simbólica. Alvise Pérez se enfrenta a la pérdida del derecho a percibir dietas por estancia durante un intervalo de diez días, lo que se traduce en un impacto directo de aproximadamente 3.000 euros. Además de la multa pecuniaria, el reglamento se aplica con rigor en lo que respecta a la representación política: el eurodiputado tiene prohibido participar en las actividades parlamentarias y plenarios en Estrasburgo durante cuatro jornadas consecutivas.
Este castigo administrativo responde al uso de dispositivos de grabación durante la sesión plenaria del pasado mes de diciembre. Según la resolución, el comportamiento de Pérez vulneró las normas de conducta de la cámara al capturar imágenes del eurodiputado socialista Juan Fernando López-Aguilar para su posterior difusión en plataformas digitales.
El conflicto: Grabaciones furtivas frente a normas de convivencia
La defensa del líder de SALF se articula en torno a la supuesta denuncia de un trato injusto por parte del exministro socialista hacia una trabajadora del PSOE en la Eurocámara. Alvise Pérez sostiene que su vídeo es una prueba documental de «aspavientos y gritos» dirigidos a una asistente, calificando la sanción como un acto de protección corporativista de lo que él define como un «antro de burócratas».
No obstante, el marco normativo del Parlamento Europeo es estricto en cuanto a la privacidad y el decoro institucional. La denuncia presentada por López-Aguilar subraya la ilegalidad de realizar grabaciones en áreas restringidas del pleno con fines de hostigamiento o descrédito político. Ante esta situación, el entorno de Pérez ya ha manifestado su intención de recurrir la decisión ante la Mesa del Parlamento, calificando el proceso de surrealista.
Un historial marcado por la falta de transparencia
No es la primera vez que el eurodiputado se ve envuelto en expedientes sancionadores. Apenas un año antes, la institución ya le impuso una multa por irregularidades en su declaración de ingresos. En aquel momento, la infracción del código de conducta supuso una sanción menor, pero puso el foco sobre su salud financiera antes de ocupar el escaño.
A raíz de aquel requerimiento, se conocieron datos significativos sobre la actividad económica de Pérez como influencer y gestor empresarial:
- Declaró ingresos superiores a los 798.000 euros entre los años 2021 y 2024.
- Su facturación mensual media osciló entre los 12.000 y los 20.000 euros antes de su entrada en la política institucional.
- La sociedad Resistencia Popular SL, de la cual es administrador, también formó parte de los activos aflorados tras la revisión de la Eurocámara.
Conclusión: El desafío a las instituciones europeas
La estrategia de Alvise Pérez parece centrarse en utilizar las sanciones como combustible para su discurso antisistema, presentándose como una víctima de la burocracia de Bruselas. Sin embargo, la acumulación de faltas administrativas y la vulneración de la transparencia obligatoria para cualquier representante público complican su posición jurídica dentro de una cámara que no parece dispuesta a flexibilizar sus protocolos internos frente a las nuevas formas de activismo digital radical.