El Supremo analiza los límites del activismo digital de ‘Alvise’ Pérez
La estrategia judicial de Luis ‘Alvise’ Pérez ha dado un giro significativo con su comparecencia voluntaria ante el Tribunal Supremo. El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) se ha enfrentado a las preguntas del magistrado Manuel Marchena para responder por una querella interpuesta por quienes fueran sus compañeros de lista en las pasadas elecciones europeas. El núcleo de la investigación reside en determinar si las acciones coordinadas desde sus canales de difusión constituyen un delito de acoso y revelación de secretos.
Durante la sesión, el eurodiputado ha mantenido una postura defensiva basada en la ausencia de dolo criminal. Aunque ha reconocido ser el autor de diversos mensajes dirigidos a Nora Junco y Diego Solier, ha insistido en que su intención nunca fue promover el hostigamiento personal, sino ejercer su derecho a la crítica política. Esta declaración se produce en un intento de frenar el proceso de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, buscando un archivo temprano de la causa antes de que se levante su inmunidad parlamentaria.
Impacto y consecuencias: La ruptura total con el grupo parlamentario
El distanciamiento entre el líder de SALF y los querellantes no ha sido únicamente judicial, sino también institucional. Tras denunciar una campaña de presión psicológica y filtración de datos privados, los dos eurodiputados optaron por desvincularse de la formación original. Actualmente, ambos se han integrado en la disciplina del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado a nivel internacional por la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Las pruebas presentadas ante el instructor sugieren que el hostigamiento no se limitó a la esfera digital. Los querellantes han relatado un escenario de inseguridad personal derivado de la exposición de sus movimientos y datos de contacto. Según el relato judicial, esta situación les obligó a modificar drásticamente sus rutinas diarias:
- Clausura de perfiles personales en redes sociales para evitar amenazas masivas.
- Restricción de comunicaciones telefónicas ante el volumen de llamadas de números desconocidos.
- Gestión de miles de correos electrónicos con contenido ofensivo o intimidatorio.
- Afectación directa al desarrollo de su labor parlamentaria en Bruselas y Estrasburgo.
La instigación pública bajo la lupa judicial
El Tribunal Supremo pone el foco en la capacidad de movilización de ‘Alvise’ Pérez a través de plataformas como Telegram. Las diligencias previas apuntan a que el eurodiputado pudo haber instado a sus seguidores a realizar actos de confrontación directa en espacios públicos. Frases captadas en diversos archivos sonoros, donde se invitaba a los votantes a «pedir explicaciones» de forma agresiva en establecimientos privados, son piezas clave para la Sala de lo Penal.
Para la justicia, existe un indicio racional de que el investigado pudo facilitar datos identificativos con el propósito consciente de alterar la vida cotidiana de las víctimas. El magistrado valora si este llamamiento público a la hostilidad excede la libertad de expresión para entrar en el terreno de la persecución sistemática, especialmente cuando los seguidores del canal ejecutan de forma efectiva las consignas de señalamiento.
Un horizonte judicial con múltiples frentes abiertos
Este procedimiento por acoso es solo una pieza del complejo puzzle legal que rodea al eurodiputado. La estancia de ‘Alvise’ en el Tribunal Supremo coincide con otras investigaciones de alto impacto que comprometen su futuro político. Además del conflicto con sus exeurodiputados, Pérez se enfrenta a pesquisas por una presunta financiación ilegal vinculada a la recepción de 100.000 euros de un empresario del sector de las criptomonedas, caso conocido como ‘CryptoSpain’.
Asimismo, el Supremo mantiene abiertas causas relativas a la difusión de documentos sanitarios privados, como una supuesta PCR falsa del actual presidente de la Generalitat, y por presunto hostigamiento a miembros de la carrera fiscal. Este acumulado de causas judiciales marca una etapa de máxima tensión para el líder de Se Acabó la Fiesta, quien insiste en que todas las acusaciones forman parte de una persecución contra su figura pública y que terminarán siendo desestimadas por la justicia española.
Conclusión del interrogatorio y próximos pasos
Al término de su declaración voluntaria, ‘Alvise’ Pérez ha mostrado un optimismo firme ante los medios, asegurando que su testimonio servirá para aclarar los hechos y forzar el cierre de la instrucción. No obstante, la ratificación previa de los querellantes ante el magistrado Marchena mantiene el caso en un punto crítico. La decisión final sobre si continuar con el proceso o solicitar formalmente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria dependerá de la valoración técnica de las pruebas digitales aportadas y de la interpretación de los mensajes como una herramienta de coacción política.