El horizonte judicial de Luis Pérez Fernández, conocido popularmente como Alvise, continúa complicándose en las instancias más altas del sistema jurídico español. El Tribunal Supremo ha formalizado la citación del líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) para el próximo día 26, en el marco de una investigación que analiza presuntos comportamientos delictivos de acoso y revelación de secretos contra antiguos compañeros de su propia candidatura.
El origen de la disputa: Ruptura y hostigamiento en el seno de SALF
Lo que comenzó como una alianza electoral para los comicios europeos de 2024 ha derivado en una batalla legal de gran calado. Los denunciantes, Diego Adrián y Nora Junco, obtuvieron su acta de eurodiputados bajo las siglas de la formación liderada por Pérez, pero la relación se quebró poco después de la toma de posesión. Tras integrarse en el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos, ambos emprendieron acciones legales denunciando una campaña de desprestigio dirigida desde las plataformas digitales del político.
El magistrado instructor, Manuel Marchena, ha tomado las riendas de este procedimiento tras constatar indicios de que Alvise pudo haber utilizado su influencia en redes sociales para instigar actitudes hostiles contra los querellados. La citación para el día 26 se produce después de que el propio investigado manifestara su predisposición a declarar de forma voluntaria ante el alto tribunal.
Seguridad comprometida y revelación de datos privados
La gravedad de la querella reside en el impacto emocional y físico que las acciones denunciadas habrían tenido sobre los eurodiputados. Según el testimonio de los afectados, la estrategia de presión no se limitó a la crítica política, sino que incluyó la filtración de información sensible, como sus domicilios particulares, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Este hecho habría provocado:
- Una alteración significativa de sus rutinas cotidianas por miedo a ser abordados en la vía pública.
- La recepción masiva de mensajes intimidatorios y ofensivos de seguidores de la formación.
- Una sensación constante de inseguridad que dificultaría el ejercicio de su labor parlamentaria en Europa.
- Miedo real por su integridad física al verse expuestos sus movimientos y ubicaciones en tiempo real.
La Sala de lo Penal del Supremo considera que existen indicios suficientes para investigar si el llamamiento explícito de Alvise a sus seguidores para que manifestaran hostilidad hacia Junco y Adrián constituye un delito. Para el tribunal, la difusión de aspectos personales identificativos sin el consentimiento de los afectados es un punto crítico que debe ser aclarado en la fase de instrucción.
Un escenario judicial con múltiples frentes abiertos
Esta nueva causa no es el único reto legal que enfrenta el eurodiputado en el Tribunal Supremo. La actividad del líder de SALF ha generado un rastro de procedimientos que abarcan distintas tipologías delictivas. Además de este caso de acoso, Pérez tiene pendientes otras tres investigaciones penales que ponen en duda su gestión y su comportamiento público:
El frente más preocupante para su futuro político es el que investiga la presunta financiación ilegal de partidos. Se analiza si Alvise recibió un pago de 100.000 euros en efectivo durante la campaña electoral, lo que también podría derivar en delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Paralelamente, se mantiene abierta la causa por la difusión de una PCR falsa atribuida a Salvador Illa, así como el procedimiento por sus ataques contra la fiscal de delitos de odio en Valencia.
Conclusión: La justicia marca los tiempos de SALF
La declaración de Alvise Pérez ante Manuel Marchena supondrá un punto de inflexión para determinar si el activismo digital del político ha cruzado las líneas rojas del Código Penal. Mientras la defensa intenta enmarcar estas acciones dentro de la libertad de expresión y la crítica política, los indicios de acoso sistemático y la vulneración de la privacidad de sus antiguos colaboradores obligan al Supremo a actuar para proteger los derechos fundamentales de los representantes públicos en el ejercicio de sus funciones.