El cerco judicial sobre la gestión de personal en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha dado un giro significativo. Tras meses de opacidad administrativa, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado acceder al informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), un documento que actúa como piedra angular en la investigación del denominado caso enchufismo. Esta auditoría, que el organismo presidido por Mar Chao intentó mantener bajo estricta confidencialidad, desvela presuntas anomalías estructurales en la selección de empleados públicos.
El informe de la IGAE: la pieza clave que la Autoridad Portuaria intentó blindar
Durante un largo periodo, la cúpula del Puerto de Valencia defendió que el análisis de la IGAE era un documento de carácter interno y, por tanto, no sujeto a la transparencia pública. Sin embargo, tras el mandato del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la APV no ha tenido más remedio que entregar el expediente al fiscal encargado. Este informe no es una simple revisión rutinaria; en sus páginas se detallan deficiencias graves en la baremación de méritos y requisitos técnicos que, según las sospechas, podrían haber sido diseñados a medida.
La importancia de este documento radica en su capacidad para probar una estrategia coordinada de contratación. Entre los hallazgos más destacados de la Intervención se encuentran:
- Falta de rigor en los controles de incompatibilidad para los miembros de los tribunales de selección.
- Definición arbitraria de perfiles profesionales para beneficiar a candidatos específicos.
- Debilidades en la supervisión de procesos que permitieron la incorporación de antiguos cargos del extinto Consorcio Valencia 2007.
Testimonios y pruebas: la implicación directa de la presidencia en los procesos
El avance de las diligencias penales coincide con declaraciones judiciales que sitúan a Mar Chao en el centro de la polémica. En el marco de los juicios laborales que se celebran de forma paralela, la anterior responsable de Recursos Humanos ha señalado directamente a la presidenta como la autora material de las bases de las convocatorias bajo sospecha. Según estos testimonios, la redacción de los criterios de selección se habría realizado de forma personal, ignorando las advertencias técnicas y los cauces habituales del departamento.
Un elemento particularmente revelador en este escenario es la existencia de un acta notarial previa a la resolución de los concursos. En dicho documento, varios empleados predijeron con exactitud los nombres de las personas que finalmente obtendrían las plazas, lo que refuerza la tesis de que los procesos estaban adjudicados antes incluso de publicarse. Nombres como el de Alicia Gimeno han surgido en las vistas orales como ejemplos de esta presunta recolocación sistemática de personal vinculado a entidades en liquidación.
Una red de recolocación que trasciende el recinto portuario
La investigación de Anticorrupción no se limita exclusivamente al Puerto. Las pesquisas se han extendido a otros organismos públicos del ecosistema valenciano, como la Fundación Visit Valencia y la Fundación Deportiva Municipal. El fiscal sospecha que existió un plan transversal para absorber a trabajadores del Consorcio Valencia 2007 tras su disolución, utilizando para ello convocatorias públicas que, en la práctica, funcionaron como un puente de acceso directo.
En este entramado han comparecido ya diversos funcionarios y cargos políticos. La denuncia original no solo pone el foco en la gestión técnica, sino que alcanza a figuras de relevancia institucional como la alcaldesa María José Catalá y las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet. La hipótesis de trabajo apunta a que se articularon al menos siete procedimientos administrativos distintos para asegurar que determinados perfiles mantuvieran su estatus en la administración pública local.
Hacia un desenlace en la vía penal
Con el informe de la IGAE ya en manos de la Fiscalía y tras una intensa ronda de declaraciones, el caso enchufismo entra en su etapa más crítica. Anticorrupción debe evaluar ahora si el cúmulo de indicios —documentales y testificales— es suficiente para formalizar una querella ante los juzgados de instrucción. La negativa de la Abogacía del Estado a incorporar el informe de la auditoría en los procesos laborales no ha impedido que el Ministerio Público lo convierta en el eje central de su investigación penal, buscando determinar si se han cometido delitos de prevaricación o tráfico de influencias en el corazón logístico de Valencia.