Ratificación judicial del modelo sanitario: El Tribunal de Cuentas no halla irregularidades
La justicia contable ha puesto fin a una de las ofensivas legales más recientes contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha decretado el archivo definitivo de la denuncia interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, al concluir de forma tajante que no existe menoscabo para el erario público ni negligencia contable en el sistema de facturación entre hospitales públicos y centros de gestión privada.
La resolución judicial especifica que no se ha podido acreditar la existencia de una responsabilidad contable por parte del Ejecutivo autonómico. De esta manera, el organismo fiscalizador rechaza cualquier tipo de perjuicio económico para las arcas de la Administración regional, validando los procedimientos administrativos que el PSOE había puesto bajo sospecha a principios de este año.
La reclamación socialista sobre los 71 millones de euros
El núcleo de la controversia, presentada formalmente el pasado febrero, residía en una supuesta condonación de deuda que, según los denunciantes, ascendía a los 71 millones de euros. El PSOE argumentaba que el Gobierno de Ayuso no había reclamado estas cantidades a grandes operadores sanitarios como Quirón y Ribera Salud. Según su tesis, esta deuda se habría originado por la atención en hospitales de gestión directa de pacientes que teóricamente pertenecían a centros de concesión privada.
No obstante, el dictamen del TCu es claro: no existen pruebas de que haya cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya omitido reclamar de forma deliberada. El tribunal subraya que para que exista responsabilidad contable debe haber un daño patrimonial concreto, efectivo e individualizado, algo que no se ha demostrado en este proceso de fiscalización económica.
Respaldo a la libre elección de centro y fiscalización técnica
Uno de los puntos determinantes de la resolución es la validación técnica del procedimiento administrativo madrileño. El Tribunal de Cuentas señala que el actual sistema de facturación es una consecuencia directa del ejercicio del derecho a la libre elección de centro sanitario por parte de los madrileños. La fiscalía del propio tribunal ya se había pronunciado previamente a favor del archivo, al no encontrar infracciones de normas específicas que supusieran un menoscabo real.
- Ausencia de un daño patrimonial probado a los fondos públicos.
- Inexistencia de derechos de cobro pendientes de ejecución por parte de la Administración.
- Cumplimiento de la normativa vigente en el flujo de facturación interhospitalaria.
- Validación del modelo de derivaciones basado en la libertad del paciente.
Implicaciones políticas y blindaje de la gestión indirecta
Desde la Puerta del Sol han recibido el fallo como un respaldo absoluto a su estrategia de colaboración público-privada. Fuentes regionales insisten en que la Comunidad de Madrid siempre ha actuado bajo el marco de la legalidad, asegurando que no se ha dejado de percibir ni un solo euro que correspondiera legítimamente a la red sanitaria pública. Con este archivo, se disipan las dudas sobre un posible control deficiente en la supervisión de las concesionarias hospitalarias.
En conclusión, el carpetazo del Tribunal de Cuentas debilita el argumento de la «mala praxis» económica en la sanidad madrileña. Al no detectarse vulneraciones normativas ni perjuicios patrimoniales, el modelo de gestión sanitaria de Ayuso queda blindado frente a las acusaciones de trato de favor a las empresas concesionarias, reforzando la transparencia del sistema de facturación vigente en la región.