La instrucción judicial liderada por la magistrada María Tardón ha tomado un giro determinante al centrar el foco en el grado de colaboración o negligencia de las autoridades marroquíes durante los sucesos ocurridos en Ceuta el pasado julio. Según fuentes cercanas al caso, la investigación busca esclarecer si el flujo migratorio masivo fue permitido deliberadamente por el país vecino, una sospecha que cobra fuerza tras los recientes informes de inteligencia y las declaraciones de testigos directos en la zona.
La inteligencia española señala la premeditación de Marruecos
Uno de los pilares de este proceso judicial es el informe remitido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual asegura que Rabat no solo conocía los planes de entrada masiva con antelación, sino que sus autoridades eran plenamente conscientes de la magnitud del movimiento que se gestaba. Esta revelación sitúa la crisis de Ceuta en una dimensión que trasciende lo humanitario, apuntando hacia un posible uso de la presión migratoria como herramienta geopolítica estratégica.
Testimonios desde la frontera: Teléfonos y toallas frente al caos
Durante las comparecencias en la Audiencia Nacional, los relatos de los efectivos de seguridad españoles y de cargos públicos ceutíes han coincidido en un retrato desalentador de la vigilancia fronteriza marroquí. De acuerdo con las declaraciones, mientras miles de personas intentaban cruzar hacia territorio español, los agentes del otro lado de la valla mostraban una actitud de brazos caídos. Entre los puntos más destacados de las testificales se encuentran:
- Presencia de agentes marroquíes descansando sobre toallas mientras se producía el tránsito irregular de personas.
- Uso constante de dispositivos móviles por parte de la policía vecina, ignorando deliberadamente el flujo migratorio.
- Facilitación activa del paso hacia la ciudad autónoma en puntos estratégicos de la línea costera.
Incluso varios ciudadanos marroquíes que participaron en la entrada han optado por declarar voluntariamente mediante videoconferencia. Sus testimonios aportan una visión interna del fenómeno, ratificando la nula resistencia que encontraron por parte de sus propias autoridades durante el trayecto hacia Ceuta.
Vigilancia marítima y la implicación del Ministerio de Defensa
La magistrada Tardón también ha extendido sus pesquisas al ámbito militar, solicitando formalmente al Ministerio de Defensa registros detallados sobre la actividad naval en la zona. El objetivo es confirmar si embarcaciones de guerra o patrulleras marroquíes incursionaron en aguas territoriales españolas de forma irregular durante los días críticos de la crisis.
Esta vía de investigación pretende determinar si hubo una violación de la soberanía marítima coordinada con el auge de las entradas por mar. El sumario ya acumula declaraciones clave de altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, quienes han aportado pruebas sobre la pasividad operativa observada en la frontera. El caso avanza hacia una fase donde la prueba documental parece contradecir la narrativa oficial, planteando serios interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la cooperación internacional en el Estrecho.