La controversia administrativa en torno a la figura de David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno, ha tomado un nuevo rumbo institucional. La Diputación de Badajoz ha manifestado oficialmente su negativa a solicitar el reembolso de los 427.000 euros percibidos por Sánchez y su colaborador cercano, Luis Carrero. Esta decisión se ha formalizado mediante un escrito remitido al Tribunal de Cuentas, donde la entidad provincial solicita el cierre definitivo de las diligencias abiertas.
Argumentos jurídicos para el archivo de la causa
El núcleo de la defensa de la institución pacense se fundamenta en la inexistencia de los requisitos legales necesarios para tipificar una responsabilidad contable. Según el comunicado emitido, la Diputación considera que no se cumplen los preceptos establecidos en el artículo 59 de la Ley 7/1988, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Este análisis técnico sugiere que no hay base para una «responsabilidad por alcance» que obligue a la devolución de los salarios devengados por los servicios prestados.
Para sostener esta postura, los servicios jurídicos de la Diputación han elaborado informes exhaustivos que descartan irregularidades en la percepción de los haberes. La institución subraya que la solicitud de archivo responde a un análisis pormenorizado de la normativa aplicable, ajustándose a la realidad administrativa de los contratos y las labores desempeñadas en el organismo provincial.
Respuesta a la presión de actores externos
Antes de que el Tribunal de Cuentas interviniera con su diligencia de ordenación el pasado septiembre, la Diputación ya se encontraba bajo el escrutinio de diversas organizaciones. En concreto, tres frentes distintos habían solicitado formalmente la apertura de un proceso de reintegro de cuantías:
- Un representante de una formación política.
- Una asociación de carácter civil.
- Un ciudadano particular a título individual.
Pese a estas reclamaciones, la administración provincial mantiene que las actuaciones judiciales previas no vinculan de forma inmediata la devolución del dinero, defendiendo la legalidad de los pagos realizados durante el periodo de actividad de David Sánchez y Luis Carrero.
El estado procesal de la sentencia 152/2026
Un factor determinante en la estrategia de la Diputación es la situación actual del fallo judicial relacionado con este caso. La denominada sentencia 152/2026 no ha sido notificada de manera formal a las partes, lo que impide su ejecución inmediata. Además, el marco legal permite todavía la interposición de recursos de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Mientras no exista una resolución firme y se agoten las vías de subsanación o aclaración solicitadas, la Diputación de Badajoz considera prematuro y jurídicamente improcedente ejecutar cualquier tipo de reclamación económica. La posición oficial es la de esperar a que el escenario jurídico se clarifique totalmente, sin perjuicio de lo que dictaminen otras normativas sectoriales o electorales en el futuro.
Conclusión del conflicto administrativo
En definitiva, la institución provincial cierra filas en torno a la gestión de sus fondos y rechaza actuar de oficio contra el hermano de Pedro Sánchez. Al solicitar el archivo de las diligencias al Tribunal de Cuentas, la Diputación busca poner fin a un proceso que, según sus informes técnicos, carece de la base legal necesaria para prosperar como un caso de menoscabo a los fondos públicos.