En el epicentro de la tormenta judicial que rodea su gestión, el exmandatario del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha comparecido ante la justicia para blindar la legitimidad de sus decisiones financieras. El foco de la discordia se centra ahora en los 1,7 millones de euros abonados al letrado José Ángel González Franco, una cifra que, según la defensa del expresidente, no representa una irregularidad, sino el coste de una operación de rescate económico que evitó un descalabro mayor para la entidad azulgrana.
La rentabilidad del acuerdo en el caso Neymar
El argumento principal de Bartomeu se sostiene sobre una lógica de gestión de riesgos. Durante su declaración como investigado, el exdirigente detalló que la contratación de González Franco fue clave para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Este acuerdo redujo la multa inicial solicitada, que ascendía a los 22,2 millones de euros, a una sanción final de apenas 5,5 millones por delitos fiscales derivados del polémico fichaje de Neymar da Silva.
Desde esta perspectiva, el pago de 1,7 millones de euros al abogado respondería a una comisión del 10% sobre el ahorro neto generado para el club. Bartomeu sostiene que la Junta Directiva estaba al tanto de este esquema de incentivos, transformando lo que la acusación ve como un gasto injustificado en un éxito de mediación que protegió el patrimonio del Barça frente a pretensiones mucho más agresivas del Ministerio Público.
Sombras sobre la transparencia administrativa
Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Barcelona mantiene una visión diametralmente opuesta. La tesis acusatoria sugiere que el expresidente habría incurrido en un presunto delito de administración desleal al saltarse los protocolos internos de control. Según los estatutos vigentes durante el mandato investigado, cualquier compromiso financiero que superase los 200.000 euros requería la aprobación explícita de la Junta Directiva, y aquellos que excedieran el millón de euros estaban sujetos a una supervisión aún más rigurosa.
El Ministerio Público cuestiona varios aspectos técnicos de la operación y el comportamiento del entorno presidencial:
- La supuesta ausencia de votación formal en la Junta para autorizar los pagos fraccionados que beneficiaron al letrado.
- Un posible conflicto de intereses, dado que González Franco representaba simultáneamente a Bartomeu a título personal y al club en el mismo proceso.
- La duda razonable sobre la intervención real del abogado en la consecución de la conformidad judicial, sugiriendo pagos por servicios no acreditados.
Un patrón de irregularidades bajo lupa judicial
La declaración de Bartomeu no solo intentó despejar las dudas sobre el caso Neymar, sino que se produce en un contexto de sospechas generalizadas sobre la gestión de fondos entre 2014 y 2020. Las pesquisas, impulsadas tras una denuncia interna en el club a principios de 2022, abarcan otros frentes que podrían elevar el perjuicio económico total bajo investigación a cerca de 4 millones de euros.
Entre los expedientes bajo sospecha destaca el fichaje del delantero Malcom, procedente del Girondins de Burdeos, donde se analizan abonos a intermediarios externos no contratados oficialmente por el club. Asimismo, la fiscalía pone bajo la lupa los 1,5 millones de euros transferidos al Club Esportiu Laietà. Aunque la versión oficial indica que este pago buscaba compensar las molestias derivadas de las obras del Espai Barça, los investigadores analizan si el desembolso respondió a criterios objetivos o si fue otra pieza más en un engranaje de administración arbitraria.
El horizonte procesal para el equipo de Bartomeu, que incluye a otros exdirectivos de alto rango, se mantiene complejo. Mientras el expresidente apela a la eficacia financiera de sus pactos para justificar las facturas, la justicia busca determinar si detrás de esos números se escondía un uso irregular de los recursos del FC Barcelona. El caso Neymar sigue siendo, años después, una herida abierta que define las tensiones entre la gestión deportiva y la responsabilidad legal de sus dirigentes.