El ocaso político de Antelo: Más allá de una simple crisis interna en Vox
La salida de José Ángel Antelo de la presidencia de Vox en la Región de Murcia no responde a un movimiento rutinario, sino a una ruptura total de confianza provocada por una gestión que la dirección nacional ha calificado de insostenible. Lo que comenzó como un liderazgo fuerte en una de las plazas clave para la formación de Santiago Abascal, ha terminado por desmoronarse entre acusaciones de amiguismo, personalismo y falta de disciplina institucional.
El cese fulminante del exbaloncestista pone de manifiesto una estrategia de control desde Madrid para evitar que el partido se convierta en una suma de intereses locales difícilmente controlables. Según fuentes cercanas a la organización, el comportamiento de Antelo había generado una atmósfera de crispación no solo con sus propios concejales en municipios estratégicos como Murcia, Cartagena o Lorca, sino también con los socios de gobierno del Partido Popular.
El caso Cartagena: ¿Favores inmobiliarios como detonante?
Aunque las tensiones eran latentes, el verdadero «detonador» de su caída fue una alerta procedente de Cartagena. Se vincula al exlíder regional con gestiones irregulares destinadas a facilitar la urbanización de suelos inundables pertenecientes a la sociedad AISU Home S.L.. Lo llamativo del caso es el vínculo directo con los intereses privados de su entorno más cercano.
- Participación accionarial de la esposa de Antelo al 50% en la empresa propietaria de los terrenos.
- Vínculo con Susana Peláez, portavoz de Vox en Los Alcázares, quien comparte la propiedad de dicha sociedad.
- Presiones al Ayuntamiento cartagenero para la legalización de suelos que no cumplían con la normativa vigente.
Este escenario de presunto tráfico de influencias fue el límite que la cúpula nacional no estuvo dispuesta a traspasar, precipitando una salida que ya se venía fraguando por otras vías.
Injerencias y el modelo de «reino de taifas»
La auditoría interna de Vox sobre la delegación murciana ha sacado a la luz una forma de proceder que chocaba frontalmente con los estatutos del partido. Se acusa a Antelo de haber intentado crear una estructura de poder paralela, un «reino de taifas» donde la autonomía municipal quedaba anulada por sus propias decisiones.
Un ejemplo de esta extralimitación de funciones fue su intervención directa en las negociaciones para la ciudad deportiva del Real Murcia, actuando al margen del grupo municipal en la capital. A esto se suma la polémica por la subvención de seis millones de euros concedida a la patronal del metal (FREMM) durante su etapa como vicepresidente regional. Lo que se presentó como un centro de formación, es visto internamente como la creación de un chiringuito para favorecer a círculos de amistades personales.
Aislamiento político y el papel de la Gestora
La falta de cohesión no solo era externa, sino que afectaba al núcleo de la formación en la Región. Antelo ha sido señalado por ejercer un liderazgo basado en la intimidación hacia los portavoces locales, llegando a dividir grupos municipales si estos no se alineaban con sus directrices personales. Su estilo de vida, caracterizado por una ostentación poco acorde a la disciplina de partido —con el uso constante de escoltas y chóferes privados—, terminó por erosionar su imagen pública.
A partir del 20 de marzo, la dirección nacional de Vox tomará las riendas de la formación en Murcia a través de una comisión gestora. El objetivo inmediato es restaurar el orden jerárquico y asegurar que los gobiernos de coalición con el PP no se vean salpicados por las controversias que han marcado el final de la etapa de Antelo. Mientras tanto, el exdirigente intenta defenderse legalmente alegando irregularidades en su relevo parlamentario, aunque desde el partido aseguran que el proceso ha sido impecable y que el cambio de ciclo en la Región de Murcia es irreversible.
La reconstrucción de la confianza del electorado murciano será ahora la prioridad de la nueva dirección, que busca distanciarse de cualquier sombra de corrupción o mala praxis en la gestión de lo público.