La tramitación administrativa tras la anulación de las medidas cautelares contra Begoña Gómez ha derivado en un nuevo escenario de fricción procesal. A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el cese inmediato de la retención de su documentación de viaje, el magistrado Juan Carlos Peinado ha condicionado la devolución efectiva a que la esposa del presidente del Gobierno se persone físicamente en la sede judicial.
Un trámite administrativo bajo el foco de la defensa
La situación actual ha generado un profundo malestar en el equipo jurídico que coordina la defensa de Gómez y de su colaboradora, Cristina Álvarez. El núcleo de la controversia reside en que, habitualmente, la entrega de objetos o documentos intervenidos es una función que recae sobre el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) y no requiere una comparecencia ante el titular del juzgado.
Los argumentos presentados por la defensa para agilizar este proceso destacan varios puntos críticos sobre la gestión del caso:
- La innecesaria presencialidad para un acto que se considera puramente formal y administrativo.
- La posible vulneración del derecho a la libre circulación al retrasar la posesión de un documento ya liberado por una instancia superior.
- La crítica a que se mantenga el control sobre el documento una vez que la base legal para su retención ha sido anulada.
El revés de la Audiencia de Madrid al riesgo de fuga
Cabe recordar que la decisión de retirar el pasaporte y obligar a comparecencias quincenales fue una medida impuesta de forma unilateral por el juez Peinado. El magistrado llegó a sugerir en sus autos que existía un peligro de sustracción a la justicia, mencionando incluso que la protección oficial de la que dispone Gómez por su condición familiar no garantizaba su permanencia en el país.
No obstante, los magistrados de la Audiencia Provincial descartaron por completo esta tesis, considerando que las medidas eran desproporcionadas y carecían de una base sólida de sospecha. Al revocar estas restricciones, el alto tribunal madrileño dejó sin efecto la prohibición de salir del territorio nacional, lo que debería haber desencadenado una restitución inmediata de los títulos de viaje.
Consecuencias jurídicas de la demora en la devolución
La estrategia del juzgado de instrucción número 41 de Madrid de forzar la visita de las investigadas ha sido calificada por la defensa como una medida de «extrema gravedad». Según los recursos presentados, esta dilación carece de título habilitante, ya que ninguna norma procesal obliga a la entrega en mano por parte del juez cuando existen mecanismos de representación legal que podrían actuar en nombre de las interesadas.
Este nuevo capítulo añade tensión a una instrucción que sigue bajo el escrutinio público y jurídico. Mientras los pasaportes permanezcan en la caja fuerte del juzgado, la libertad de movimientos de Begoña Gómez y su asistente sigue limitada de facto, a pesar de que el derecho les asista tras el último pronunciamiento de la Audiencia. El desenlace de esta pugna burocrática determinará si el juzgado flexibiliza su postura o si, por el contrario, obliga a una nueva imagen de la investigada entrando en las dependencias de Plaza de Castilla.