Piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez en el juzgado

El horizonte judicial de Begoña Gómez se ha ensombrecido este lunes con la petición formal de medidas restrictivas que buscan limitar su libertad de movimientos. La acusación popular, bajo la dirección de la organización Hazte Oír, ha elevado el tono del proceso al solicitar al magistrado Juan Carlos Peinado la retirada inmediata del pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, una maniobra que pretende asegurar su permanencia en territorio nacional durante la instrucción.

Restricciones de movilidad: El nuevo frente de la acusación

La vista preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla no solo ha puesto sobre la mesa el control fronterizo de la investigada. Además de la retención de su documentación de viaje, se ha planteado la necesidad de que Gómez comparezca de manera presencial en sede judicial con una periodicidad quincenal. Esta estrategia busca establecer un control férreo sobre la investigada en un momento en que el juez Peinado ya ha manifestado su intención de derivar la causa hacia un procedimiento con tribunal del jurado.

Este endurecimiento de las medidas cautelares llega tras varios desencuentros sobre el calendario judicial. El magistrado ya advirtió anteriormente que no dudaría en emplear a la fuerza pública para garantizar la asistencia de los acusados, una advertencia que también se extiende al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asistente de Presidencia, Cristina Álvarez, quienes también forman parte del núcleo central de la investigación.

Un historial de aplazamientos y fricciones procesales

El camino hasta la audiencia de este lunes ha estado plagado de obstáculos y recursos legales. Originalmente prevista para principios de junio, la cita tuvo que ser reprogramada debido a la agenda del abogado defensor, el exministro Antonio Camacho, quien alegó compromisos previos en otros juzgados. No obstante, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Gómez solicitó ausentarse para asistir a la cumbre del G-20 en Brasil, una petición que el juez terminó aceptando pero que generó un profundo malestar en las acusaciones populares.

  • Solicitud de comparecencias cada 15 días para evitar riesgos de elusión.
  • Debate sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares personales.
  • Críticas a la seguridad excepcional en los accesos al juzgado.

Controversia por el protocolo de seguridad en Plaza de Castilla

La logística de la jornada ha vuelto a ser motivo de controversia. Por orden del Departamento de Seguridad de Moncloa, Begoña Gómez ha evitado la entrada principal, accediendo a los juzgados a través del garaje. Este privilegio de seguridad contrasta con la llegada a pie de los otros investigados, quienes cruzaron la entrada habitual bajo la mirada de los medios. Esta diferencia de trato ha sido interpretada por las acusaciones como una anomalía en el desarrollo ordinario de un proceso penal, donde la igualdad de las partes debería prevalecer sobre el estatus institucional.

La respuesta de la defensa: Una crítica a la celeridad judicial

Desde el equipo legal de Begoña Gómez, la respuesta ha sido tajante. Antonio Camacho ha calificado de jurídicamente inaceptable la posibilidad de imponer restricciones de carácter personal. Según el letrado, el instructor está operando con una celeridad incompatible con las garantías fundamentales de un Estado de derecho. La defensa argumenta que no existe riesgo de fuga ni obstrucción que justifique privar a su clienta de su pasaporte.

Además, Camacho ha denunciado que el juzgado está ignorando elementos periciales clave que descartarían cualquier irregularidad económica en relación con la Universidad Complutense. Para la defensa, la instrucción está sufriendo un sesgo que ignora testimonios y pruebas técnicas fundamentales para esclarecer el caso del software universitario y la gestión de la cátedra bajo sospecha.

Con la decisión sobre las medidas cautelares en manos del juez Peinado, el proceso entra en una fase crítica de alta exposición pública. La determinación del magistrado marcará el ritmo de una causa que sigue acumulando folios y tensión política en los pasillos de Plaza de Castilla.