El relevo judicial en el caso Gómez: ¿Quién decidirá sobre su salida al extranjero?
La agenda institucional y personal de la esposa del presidente del Gobierno se encuentra actualmente supeditada a una resolución judicial inminente de carácter excepcional. Ante la ausencia por vacaciones del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la responsabilidad de autorizar o denegar el desplazamiento internacional de Begoña Gómez recaerá sobre un juez sustituto. Esta decisión, que se espera para el inicio de esta semana, marcará un punto de inflexión en las medidas cautelares que restringen sus movimientos fuera del territorio nacional.
La situación procesal de Gómez, marcada por la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar España, obliga a que cualquier movimiento transfronterizo cuente con el visto bueno del juzgado. El magistrado que supla a Peinado deberá ponderar si las circunstancias actuales garantizan el retorno de la investigada a la disciplina judicial tras sus compromisos en el extranjero.
El itinerario de la discordia: Entre la diplomacia en Ankara y la familia en Londres
El periplo solicitado por la defensa técnica contempla una doble escala de carácter oficial y privado entre los días 7 y 10 de julio de 2026. La solicitud detalla un plan de viaje estructurado en dos fases fundamentales:
- Misión diplomática en Turquía: Begoña Gómez pretende integrarse en la delegación oficial española que viajará a Ankara para la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, atendiendo a una invitación directa de la primera dama turca.
- Cita familiar en Reino Unido: Tras la cumbre, el plan incluye un traslado a Londres con el fin de asistir a la ceremonia de graduación de su hija, regresando posteriormente a España en un vuelo comercial desde la capital británica.
Para mitigar cualquier sospecha de riesgo de fuga, el equipo legal de Gómez ha subrayado que todos los desplazamientos contarán con la escolta y supervisión constante del equipo de seguridad de Presidencia del Gobierno. Este argumento busca demostrar que el control sobre el paradero de la investigada será absoluto durante las 72 horas que dure la expedición.
Posturas enfrentadas: El respaldo fiscal frente al veto de las acusaciones
La solicitud ha generado una división de opiniones en el entorno jurídico del caso. Por un lado, la Fiscalía ha manifestado su apoyo a la petición de la defensa, considerando que las garantías ofrecidas son suficientes para permitir el viaje institucional. El Ministerio Público no aprecia un peligro inminente que justifique la negativa a participar en un evento de relevancia internacional como es la cumbre de la Alianza Atlántica.
En el extremo opuesto, las acusaciones populares han formalizado una oposición radical. Sostienen que permitir la salida de España de una persona sujeta a investigación por delitos graves supone un riesgo innecesario de sustracción a la justicia. Argumentan que el estatus de la investigada no debería otorgar privilegios de movilidad mientras las medidas cautelares sigan vigentes.
Como medida de garantía adicional, la defensa ha solicitado que la autorización se refleje formalmente en el sistema Justicia Siraj y se ha comprometido a la devolución física del pasaporte en la sede judicial el día inmediatamente posterior a su regreso. La última palabra la tendrá el juez de guardia, quien debe equilibrar el derecho de representación institucional con la seguridad del proceso judicial en curso.