La estrategia fiscal del Gobierno se enfrenta a un nuevo examen en el Senado. El Partido Popular ha elevado una serie de consultas críticas al Ministerio de Hacienda, cuestionando la aparente disparidad de criterios que la Agencia Tributaria aplica según la cercanía del contribuyente con el núcleo de poder del Ejecutivo. El foco de esta ofensiva parlamentaria se centra en la figura de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, tras compararse su situación con las recientes diligencias inspectoras abiertas contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El agravio comparativo entre Zapatero y David Sánchez
La controversia surge a raíz de la información que vincula a la Agencia Tributaria con el caso Plus Ultra. En dicho procedimiento, el fisco notificó a la Audiencia Nacional la apertura de investigaciones exhaustivas sobre el entorno de Zapatero. Ante esta actuación, el senador José Antonio Monago ha planteado una pregunta incómoda: ¿por qué se activa una inspección de alcance general en un caso judicializado mientras que, en el proceso que afecta al hermano del actual presidente, se alega que no existe riesgo fiscal relevante?
Desde la perspectiva de la formación popular, resulta incomprensible que Hacienda admita haber entregado informes al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz basándose exclusivamente en cruces de datos automáticos, sin haber iniciado una verdadera labor de comprobación o investigación presencial. Esta diferencia en el rigor administrativo sugiere, a ojos de la oposición, un posible trato singular o preferente que vulneraría el principio de igualdad ante la ley tributaria.
Dudas sobre la residencia fiscal y el patrimonio
El núcleo de la investigación judicial en Badajoz contra David Sánchez gira en torno a su residencia tributaria y la legalidad de sus ingresos procedentes de la administración pública española. El PP ha solicitado formalmente que Hacienda aclare si se han verificado los siguientes puntos críticos:
- La realidad de su domicilio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones en el IRPF o IRNR.
- El origen de los incrementos patrimoniales detectados en los últimos ejercicios.
- La naturaleza de las donaciones recibidas y las operaciones de adquisición de inmuebles.
- La justificación técnica para no actuar de oficio pese a las dudas planteadas ante la juez Beatriz Biedma.
Informes sin firma: anomalías en el procedimiento administrativo
Otro de los puntos de fricción señalados por Monago tiene un carácter marcadamente técnico pero con graves implicaciones jurídicas. El Partido Popular cuestiona la validez de los documentos remitidos por la Agencia Tributaria a la sede judicial, los cuales, según diversas fuentes, carecían de firma individualizada y membrete identificativo oficial. Este hecho ha llevado al senador a preguntar quién dio la orden de supervisar y validar un informe con tales deficiencias formales.
Incluso se ha planteado en la batería de preguntas si la omisión de la obligación inspectora por parte de un funcionario público, reconocida en sede judicial, podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. La formación busca forzar al Gobierno a admitir si el hecho de que un asunto esté bajo investigación judicial es un impedimento real para la labor de Hacienda o si, por el contrario, es una excusa utilizada discrecionalmente.
Hacia una transparencia fiscal exigida por las Cortes
El desenlace de esta petición de explicaciones marcará un precedente sobre cómo el Estado gestiona la transparencia de los familiares de altos cargos públicos. El PP no solo busca datos concretos sobre fechas y órganos responsables de las inspecciones, sino que exige una explicación razonada sobre los criterios de riesgo que aplica el fisco.
En última instancia, el desafío parlamentario queda lanzado: el Ejecutivo debe garantizar que no existen ciudadanos con blindaje tributario. La respuesta que emita el Ministerio de Hacienda ante el Senado deberá despejar si la Agencia Tributaria actúa bajo criterios de imparcialidad técnica o si, como sospecha la oposición, los tiempos y la profundidad de las inspecciones están condicionados por el apellido del contribuyente.