La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha encontrado un aliado inesperado en el arco parlamentario. La portavoz de Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua, ha manifestado una postura de apoyo hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, centrando el foco de la negligencia en los servicios de inteligencia. Según la formación soberanista, el Gobierno de España actuó dentro de sus posibilidades ante un escenario cuya gravedad no fue comunicada con el rigor institucional necesario.
El CNI bajo la lupa: Una comunicación insuficiente
El núcleo de la argumentación de Bildu reside en la naturaleza de los avisos emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aizpurua sostiene que el uso de canales informales, específicamente la mensajería instantánea a través de WhatsApp, desvirtuó la importancia de la amenaza en la frontera. Para la coalición vasca, enviar una alerta de tal magnitud a un cargo intermedio de la Delegación del Gobierno no puede considerarse una notificación oficial vinculante.
- La advertencia se produjo apenas 24 horas antes del cruce masivo por el espigón.
- El receptor del mensaje no formaba parte del primer nivel de toma de decisiones.
- La ambigüedad del texto dificultó la activación de protocolos de emergencia.
Justificación de la inacción gubernamental
A pesar de reconocer que el Ministerio del Interior y el resto del gabinete estatal pudieron cometer errores operativos, la portavoz independentista subraya que el Ejecutivo «hizo lo que pudo» dadas las circunstancias de ceguera informativa. Esta postura se alinea con la narrativa de Moncloa, que intenta desviar la presión política hacia la cúpula de la inteligencia española, acusándola de no haber detectado la escala real del movimiento marroquí en la frontera ceutí.
Desde la perspectiva de Mertxe Aizpurua, la falta de un refuerzo preventivo en el perímetro fronterizo fue una consecuencia directa de la falta de datos técnicos. Al no elevarse la alerta a los rangos superiores del Gobierno, la respuesta institucional quedó coja, impidiendo una movilización de recursos que podría haber mitigado el impacto del asalto masivo de finales de julio.
Consecuencias de la falta de protocolos estrictos
El debate generado en el Congreso de los Diputados pone de relieve una desconexión entre la recolección de información y la ejecución política. Bildu insiste en que una comunicación sin las debidas garantías institucionales deja al Estado en una posición de vulnerabilidad frente a desafíos migratorios de gran escala. La conclusión de la formación es clara: la responsabilidad no recae tanto en quien decide, sino en quien debe suministrar la base para esa decisión y lo hace de forma deficiente.
Finalmente, este respaldo de Bildu supone un alivio parlamentario para la coalición de gobierno, que ha visto cómo uno de sus socios estratégicos prefiere apuntar a los fallos de los servicios secretos antes que desgastar la imagen del Ejecutivo en materia de seguridad nacional y control de fronteras en la ciudad autónoma de Ceuta.