La problemática habitacional ha dejado de ser un concepto macroeconómico para transformarse en una crisis vecinal tangible. Desde Erandio, Vizcaya, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha puesto el foco en la vulnerabilidad de 150 familias del complejo residencial «Los Ochos». Estas personas se enfrentan a un dilema impuesto por un fondo de inversión: adquirir la vivienda a precios de mercado o abandonar sus hogares tras la finalización de sus contratos. Para la formación soberanista, este escenario no es un caso aislado, sino un síntoma de una sociedad que prioriza el beneficio financiero sobre el arraigo comunitario.
Hacia un blindaje real contra los desahucios sin alternativa
La principal exigencia que EH Bildu traslada al Ejecutivo central es la redacción de un decreto de vivienda ambicioso. El punto neurálgico de esta propuesta es la prohibición total de los lanzamientos cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad que carecen de una opción habitacional digna. Matute subraya que el desplazamiento forzado de los ciudadanos fuera de sus municipios impide la construcción de una sociedad normalizada y estable. Este fenómeno ya se está manifestando con dureza en capitales como Bilbao, San Sebastián y Vitoria, donde la presión inmobiliaria es asfixiante.
El alquiler de temporada: El vacío legal que urge regular
Uno de los mayores obstáculos para la efectividad de la actual legislación es el uso masivo de los alquileres de temporada. Según el análisis de la formación, estos contratos se han convertido en una herramienta para sortear la ley, eliminando la seguridad jurídica de los inquilinos. Las demandas de Matute para el nuevo marco normativo incluyen:
- Establecer una regulación estricta que impida el uso fraudulento de contratos temporales en viviendas permanentes.
- Garantizar una estabilidad contractual que elimine la incertidumbre de las renovaciones anuales sistemáticas.
- Imponer límites severos a los incrementos de precios para que los alquileres se mantengan en niveles razonables.
Responsabilidad institucional y gestión de la vivienda vacía
El diputado también ha dirigido sus críticas hacia la gestión autonómica, recordando que el Gobierno Vasco dispone de herramientas legales desde el año 2015 que no están siendo explotadas en su totalidad. Matute aboga por el desarrollo pleno de la ley vasca de vivienda, que permite incluso la expropiación de inmuebles en manos de entidades bancarias o fondos de inversión que se mantienen desocupados intencionadamente.
Para concluir, el representante de EH Bildu ha querido diferenciar la naturaleza de los propietarios, asegurando que su formación no busca que el acceso a la vivienda sea gratuito, sino justo. Ha defendido la implementación de ayudas directas y ágiles para los pequeños propietarios ante situaciones de impago, alejando el debate de la polarización. El objetivo final es alcanzar un consenso parlamentario que escuche las movilizaciones sociales y entienda que la vivienda debe ser, ante todo, un derecho garantizado y no un activo especulativo.