La gestión habitacional en Euskadi ha abierto una brecha política profunda. Mientras el Gobierno Vasco intenta acelerar medidas administrativas, desde la coalición Sumar se lanza una crítica frontal contra el modelo actual. La formación acusa directamente al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, de priorizar los intereses de los fondos de inversión y grandes rentistas por encima de la necesidad social de un hogar digno.
El conflicto del Fondo Social: ¿Inversión pública o negocio privado?
Uno de los puntos de mayor fricción reside en el nuevo Fondo Social de Vivienda. Este proyecto, dotado con 2.000 millones de euros, busca crear 10.000 viviendas protegidas en un plazo de ocho años. Sin embargo, el análisis de Sumar revela una estructura que consideran peligrosa: dos tercios del capital serán de origen privado y se garantiza una rentabilidad del 6,62% para los inversores.
La coordinadora de Sumar Mugimendua, Alba García, ha cuestionado la sostenibilidad de este modelo a largo plazo. Al utilizar suelo público cedido durante 75 años bajo el derecho de superficie, surge la duda sobre el destino de estos inmuebles una vez caduquen los plazos. La formación advierte que el sector público no puede actuar como una herramienta de financiación para el sector privado, especialmente cuando se trata de gestionar un derecho fundamental.
Erandio y la urgencia de las zonas tensionadas
La reciente reactivación del expediente para declarar a Erandio como zona tensionada ha sido recibida con escepticismo. Según García, este anuncio es una respuesta tardía que llega cuando muchas familias ya se encuentran al límite, con contratos de arrendamiento a punto de expirar. La crítica es clara: de nada sirve la burocracia si no llega a tiempo para evitar la expulsión de los vecinos de sus barrios.
Para la formación, el problema no se soluciona únicamente construyendo más bloques de edificios. El enfoque debe cambiar hacia el control de la propiedad. Si la vivienda nueva termina bajo el control de grandes tenedores, el ciclo de especulación simplemente se reinicia con dinero público, sin aliviar la presión sobre los trabajadores y jóvenes que viven de alquiler.
Propuestas para frenar la acumulación de activos inmobiliarios
Ante este escenario, el parlamentario Jon Hernández ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas legislativas destinadas a desmantelar la estructura especulativa del mercado vasco. Las medidas propuestas buscan atacar la raíz de la concentración de la propiedad a través de varios frentes:
- Prohibición a fondos de inversión: Impedir legalmente que vehículos financieros y fondos buitre adquieran viviendas que tengan como fin ser la residencia habitual de las personas.
- Registro de grandes tenedores: Crear un censo transparente y actualizado de operadores inmobiliarios y fondos que operan en Euskadi.
- Límites legales a la propiedad: Establecer un tope máximo de viviendas en manos de un solo titular para evitar monopolios locales.
- Función social reforzada: Ampliar las herramientas de expropiación, tanteo, retracto y alquiler forzoso cuando se detecte un incumplimiento de la función social de la vivienda.
El fantasma de la vivienda pública en Madrid
El debate no solo se queda en la teoría, sino que mira hacia precedentes históricos negativos. Sumar ha recordado la crisis vivida en Madrid en 2013, cuando miles de viviendas públicas fueron vendidas a fondos buitre, dejando a los inquilinos en una situación de total vulnerabilidad. La formación insiste en que Euskadi debe blindar su parque de viviendas para que sea permanente y social, evitando dejar rendijas legales que permitan futuras desamortizaciones hacia el mercado especulativo.
La conclusión de esta ofensiva política es una llamada a la acción directa. Para Sumar, el derecho a la vivienda debe pasar de ser una declaración de intenciones en el papel a una garantía efectiva que el Gobierno Vasco proteja activamente, enfrentándose si es necesario a las dinámicas del mercado rentista que hoy dominan el panorama inmobiliario.