La batalla por la independencia de los mandos policiales en las instituciones del Estado se traslada ahora a los tribunales. Julián Leandro Puente, quien hasta hace unos días ejercía como comisario jefe del Senado, ha decidido emprender una ofensiva legal contra su destitución fulminante. El alto mando no solo considera que su salida ha sido una decisión arbitraria, sino que la califica directamente de cese ilegal, lo que abre un nuevo frente judicial para el Ministerio del Interior.
Estrategia legal: Reingreso inmediato y vía contenciosa
La defensa jurídica de Puente ha diseñado una estrategia de dos niveles para revertir la orden firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo. En primer lugar, se solicitarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) medidas cautelarísimas. El objetivo es lograr el reingreso inmediato a su puesto en la Cámara Alta, argumentando que el proceso ha vulnerado derechos fundamentales y su capacidad de legítima defensa.
Paralelamente, el excomisario presentará una demanda por la vía contencioso-administrativa. Esta acción busca impugnar el fondo de la resolución administrativa que notificó su salida el pasado 10 de junio. Según fuentes cercanas al entorno del afectado, se busca demostrar que la justificación oficial es apenas una pantalla para ocultar una decisión de carácter estrictamente político.
El fantasma de Pérez de los Cobos sobrevuela el caso
Este conflicto guarda paralelismos inevitables con el caso del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo sentó un precedente crucial al dictaminar que los ceses en puestos de libre designación no pueden ser arbitrarios y requieren de una motivación técnica y jurídica sólida. Para los expertos legales, el caso de Puente podría seguir la misma estela si se demuestra que la pérdida de confianza alegada carece de un sustento real y comprobable.
¿Informe preventivo o herramienta de presión?
La versión oficial de la Dirección General de la Policía sostiene que el cese se debe a una gestión deficiente del mando, apoyándose en denuncias sindicales por supuesto acoso laboral y estrés en la unidad. Un informe de riesgos psicosociales, elaborado en mayo de 2026, serviría como la prueba principal para justificar la «pérdida de confianza».
Sin embargo, la cronología de los hechos sugiere una narrativa diferente:
- Incidente en el Senado: El 3 de marzo se produce un altercado mediático entre un periodista y una colaboradora afín al Gobierno.
- Advertencias internas: Pocos días después, mandos policiales advierten a Puente de que se «pide su cabeza» por la supuesta falta de protección a dicha colaboradora.
- Reactivación de expedientes: Una denuncia sindical que llevaba meses paralizada se reactiva repentinamente tras las quejas del grupo parlamentario socialista.
- Conformidad del comisario: A pesar de las acusaciones, el comisario aceptó implementar todas las medidas preventivas sugeridas, demostrando voluntad de mejora, lo que invalida, según su defensa, el argumento de la destitución fulminante.
La sombra de la politización en la cúpula policial
El argumento central de la impugnación reside en la presunta desviación de poder. Puente sostiene que el informe de riesgos laborales fue utilizado como un «instrumento de presión política» y no como una herramienta de salud laboral. El hecho de que el comisario ni siquiera estuviera presente el día del incidente que originó la polémica refuerza la tesis de que se trata de un castigo ejemplarizante por motivos ajenos a su competencia profesional.
Dentro de la propia Policía Nacional, diversas voces califican la resolución de «inconsistente» y advierten sobre el peligro de que los criterios de confianza política se impongan sobre la carrera técnica de los funcionarios. La crítica interna apunta a que este tipo de maniobras debilita la estructura jerárquica y desprotege a los mandos que deben operar en entornos de alta sensibilidad política como el Senado.
Un desenlace en manos de la justicia
El futuro de Julián Leandro Puente depende ahora de la celeridad con la que el TSJM analice las medidas cautelares. Si la justicia aprecia indicios de irregularidad en el procedimiento o falta de motivación, el Ministerio del Interior podría verse obligado a una rectificación pública que cuestionaría, una vez más, la gestión de los recursos humanos y la neutralidad en los relevos de la cúpula de seguridad del Estado.