La justicia ha vuelto a poner el foco sobre la gestión urbanística en la ciudad minera. El Tribunal de Instancia de Ciudad Real ha emitido un fallo condenatorio contra Joaquín Hermoso Murillo, quien fuera alcalde de Puertollano por el PSOE entre 2003 y 2013. La sentencia le impone una pena de cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, tras hallarle culpable de un delito de prevaricación administrativa en el marco de las obras de construcción del estadio de fútbol del Cerrú.
Este dictamen judicial no solo afecta al exregidor, sino también a Juan Luis Vázquez Calvo, secretario municipal accidental durante aquel periodo, quien recibe la misma sanción como cooperador necesario. La resolución confirma las sospechas sobre la ausencia de transparencia en uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos de la localidad, inaugurado hace más de una década.
El mecanismo de la permuta: Obras sin concurso público
El núcleo de la investigación se centró en el polémico acuerdo firmado en octubre de 2007. Según el relato judicial, el Ayuntamiento de Puertollano evitó los canales ordinarios de contratación pública para recurrir a un contrato de permuta con la empresa Proinsa. El esquema era directo: el consistorio entregaba parcelas de titularidad municipal en el Sector IV (Abulagar), con una extensión superior a los 34.000 metros cuadrados, a cambio de que la constructora ejecutara el nuevo estadio.
La magistrada subraya que este procedimiento se realizó prescindiendo de los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley. Al no existir un expediente administrativo previo ni informes que avalaran la operación antes de la firma, la justicia considera que se dictó una resolución ilegal de forma consciente. En la práctica, se eliminó cualquier posibilidad de que otras empresas compitieran por el proyecto, blindando una decisión que ya estaba tomada antes de pasar por el pleno municipal.
Del impacto de la UDEF a la resolución judicial
El caso, conocido popularmente como la Operación Cerrú, tuvo su momento más crítico en el verano de 2018. En una jornada que marcó la historia política de Puertollano, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpieron en el Ayuntamiento para realizar registros exhaustivos. Aquella intervención policial se saldó inicialmente con quince investigados, aunque con el paso de los años la causa se ha ido acotando hasta señalar directamente al exalcalde y al exsecretario.
- La sentencia actual no es firme y admite recurso ante la Audiencia Provincial.
- Se considera probado que el exregidor firmó el acuerdo de permuta antes de obtener la aprobación del pleno.
- Las actuaciones posteriores se interpretan como un intento de dar apariencia de legalidad a una irregularidad previa.
Reincidencia en delitos de prevaricación
No es la primera vez que Joaquín Hermoso se enfrenta a una condena de este calibre. En el año 2019, la Audiencia Provincial ya le inhabilitó por siete años debido a las irregularidades detectadas en la construcción de la plaza de toros de la ciudad. Este patrón de conducta en la contratación de grandes infraestructuras refuerza la tesis de una gestión que esquivaba sistemáticamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La sentencia del caso Cerrú pone de manifiesto la importancia de la fiscalización en la obra pública. La jueza es tajante al señalar que se ignoraron los mecanismos de control para favorecer una adjudicación directa «a dedo», lo que supone una vulneración frontal de los derechos de transparencia que deben regir cualquier administración democrática. Con este fallo, se cierra un capítulo judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública de Puertollano durante seis años de instrucción.