El Congreso de los Diputados evalúa sanciones drásticas para informadores polémicos
El ecosistema mediático en la Cámara Baja se enfrenta a un punto de inflexión normativo. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) ha emitido informes contundentes que apuntan a una vulneración sistemática de las reglas de convivencia y trabajo periodístico por parte de Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Esta decisión, que ya se encuentra en manos de la Mesa del Congreso, podría derivar en la suspensión temporal de sus credenciales por un periodo que oscila entre los once días y los tres meses.
Lo que está en juego no es solo la permanencia de dos figuras mediáticas en los pasillos del palacio, sino la preservación de un protocolo de conducta que garantiza el respeto institucional. El CCCP, integrado por representantes de diversos grupos parlamentarios —con la notable excepción del Partido Popular y Vox—, sostiene que ambos profesionales han incurrido en infracciones calificadas como graves, lo que obliga a la Mesa a tomar una postura firme sobre la disciplina interna en el recinto.
Anatomía de las infracciones: Grabaciones furtivas y desorden en sala
Los hechos que motivan este expediente administrativo se dividen en dos escenarios distintos, pero con un denominador común: el desprecio por las zonas de trabajo delimitadas y las instrucciones del personal funcionario. En el caso de Vito Quiles, vinculado a EDATV, el informe detalla hasta cinco infracciones graves. Estas se derivan principalmente de su insistencia en realizar grabaciones en áreas no autorizadas para prensa gráfica.
- Acoso a figuras institucionales: Se describe un episodio donde Quiles persiguió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras un acto oficial, grabando imágenes sin consentimiento previo.
- Desobediencia reiterada: En noviembre, el informador fue advertido en múltiples ocasiones por el personal de la Cámara de que no podía captar imágenes de Pedro Sánchez en zonas restringidas, orden que ignoró deliberadamente para posteriormente difundir el material en redes sociales.
Por otro lado, la situación de Bertrand Ndongo, representante de Periodista Digital, emana de una denuncia presentada por el grupo Sumar. Los hechos ocurrieron durante una comparecencia de la portavoz Verónica Martínez Barbero. Según el Consejo, Ndongo no solo ignoró los turnos de palabra establecidos, sino que ejerció una «violencia verbal» impropia de la sede parlamentaria, distorsionando el desarrollo normal de la rueda de prensa y perjudicando la labor de otros corresponsales acreditados.
El Reglamento del Congreso: Entre la amonestación y la expulsión
El marco normativo que regula estas sanciones se encuentra en el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso. Las consecuencias de ser hallado responsable de infracciones graves son severas, especialmente para los medios de comunicación representados. Si la sanción se hace efectiva, el medio afectado no podrá sustituir al periodista sancionado por otra persona durante el tiempo que dure la suspensión, lo que supone un golpe directo a su cobertura parlamentaria.
Además, el reglamento contempla un escenario de agravamiento. Si un informador acumula más de dos faltas graves en un año, estas pueden elevarse a infracciones muy graves. En dicho supuesto, la Mesa tiene la potestad de retirar la credencial de forma definitiva o por un periodo de hasta tres años. Este mecanismo busca evitar que el ejercicio del periodismo se convierta en una herramienta de perturbación del orden institucional.
Garantías jurídicas y fases del procedimiento
Pese a la contundencia de los informes, el proceso garantiza el derecho a la defensa de los implicados. Tras la validación de los informes por parte de la Mesa, se designará a un letrado de las Cortes como instructor del expediente. A partir de ese momento, tanto Quiles como Ndongo dispondrán de un plazo legal para presentar sus alegaciones y pruebas de descargo.
La resolución final de la Mesa podría demorarse hasta seis meses, y cualquier sanción impuesta es susceptible de ser recurrida. Sin embargo, la activación de este protocolo envía un mensaje claro: la acreditación de prensa no es un salvoconducto para ignorar las normas de seguridad y cortesía que rigen la soberanía nacional. El equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a las normas de la Cámara se encuentra hoy bajo un examen riguroso.