La tensión entre el Gobierno Vasco y los colectivos de damnificados por el terrorismo ha alcanzado un nuevo punto crítico. En una maniobra que ha generado un profundo malestar, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha decidido modificar unilateralmente el flujo de información sobre la situación penitenciaria de los presos de ETA, excluyendo a las asociaciones de víctimas de las notificaciones oficiales sobre resoluciones carcelarias.
Un blindaje informativo bajo el pretexto del Estatuto de la Víctima
El argumento esgrimido por el Ejecutivo autonómico se ampara en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito, alegando que su obligación legal es informar de manera directa e individualizada a los afectados. Sin embargo, para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), esta interpretación es una «excusa técnica» que busca desmantelar la capacidad de supervisión de las organizaciones especializadas.
Desde la perspectiva de la asociación liderada por Consuelo Ordóñez, informar a las víctimas particulares y mantener el canal abierto con sus representantes legales y asociativos no son acciones excluyentes, sino mecanismos complementarios. La exclusión de las asociaciones supone, en la práctica, privar a muchas personas de un asesoramiento experto necesario para interpretar decisiones técnicas y jurídicas de gran complejidad.
La sospecha de una represalia por la fiscalización de beneficios
Para entender este cambio de rumbo, es necesario mirar hacia la actividad de control que COVITE ha ejercido en los últimos meses. El colectivo interpreta este «apagón informativo» como una respuesta directa a sus constantes denuncias sobre la concesión de terceros grados y la aplicación del artículo 100.2 a reclusos que, según denuncian, no han mostrado signos inequívocos de arrepentimiento.
- Control social: El papel de las asociaciones permitía que la sociedad civil conociera de primera mano la evolución de las penas.
- Transparencia: La fiscalización pública de la política penitenciaria queda ahora limitada al ámbito privado de cada víctima.
- Resistencia institucional: COVITE denuncia que el Gobierno Vasco busca evitar el desgaste político que suponen las quejas públicas.
Acusaciones de filtraciones sin pruebas concretas
Uno de los puntos más polémicos de esta nueva política es la justificación sugerida por el Departamento de Justicia, que ha deslizado la existencia de supuestas filtraciones de datos protegidos por parte de las entidades. Esta acusación ha sido calificada de «especialmente grave» por COVITE, ya que el Ejecutivo no ha aportado pruebas, fechas ni nombres de las organizaciones supuestamente implicadas en estas malas prácticas.
La falta de una comunicación previa y el hecho de que las asociaciones se hayan enterado de este cambio a través de los medios de comunicación subraya, a juicio del colectivo, un desprecio institucional hacia la labor de acompañamiento que realizan estas entidades desde hace décadas. La exigencia de COVITE es clara: o se presentan pruebas de tales irregularidades o se retiran las acusaciones de inmediato.
El derecho a la justicia frente al silencio administrativo
En definitiva, el conflicto trasciende una simple gestión de trámites administrativos para convertirse en un debate sobre la calidad democrática y el derecho a la justicia. Al eliminar el intermediario asociativo, el Gobierno Vasco dificulta que las víctimas puedan articular quejas conjuntas o ejercer acciones legales de manera coordinada frente a lo que consideran una política penitenciaria laxa.
A pesar de las restricciones impuestas, Consuelo Ordóñez ha sido tajante al asegurar que este intento de «silenciar» a las víctimas no tendrá éxito. La organización ha solicitado una rectificación urgente para restablecer un canal de comunicación estable, advirtiendo que continuarán vigilando de cerca cada movimiento relacionado con los presos de la banda terrorista para garantizar que se respete la memoria y la dignidad de los afectados.