El impacto de las agendas de Leire Díez en la fiscalización andaluza
La estabilidad de los órganos de control en el sur de España se ha visto sacudida por la salida abrupta de Miguel Ángel Figueroa. El hasta ahora interventor general de la Junta de Andalucía ha formalizado su dimisión tras verse salpicado tangencialmente por el escándalo de las libretas de Leire Díez, exmilitante socialista bajo el foco de la Audiencia Nacional. Aunque desde la Consejería de Hacienda se ha intentado encuadrar el cese bajo el paraguas de los «motivos personales», la coincidencia temporal con las investigaciones judiciales sugiere una crisis de mayor calado en la cúpula financiera autonómica.
Figueroa, que asumió el cargo en enero de 2025, representaba un perfil técnico de alto nivel dentro del Consejo de Gobierno andaluz. Sin embargo, su mención en los apuntes manuscritos de Díez —quien es investigada por supuestas maniobras para interferir en procesos judiciales vinculados al entorno gubernamental— ha precipitado un final inesperado para una trayectoria que debía centrarse en la vigilancia del gasto público y los fondos europeos.
La sombra de la SEPI y la conexión con Vicente Fernández
Para entender el trasfondo de esta dimisión, es imperativo analizar el pasado profesional de Figueroa en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Durante su etapa en el organismo estatal, desempeñó funciones clave en la División de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, coincidiendo bajo el mandato de Vicente Fernández Guerrero.
Este vínculo histórico es el que ha generado mayor controversia política. Fernández Guerrero, quien también ocupó la Intervención General de la Junta antes de saltar a la SEPI en 2018, se encuentra actualmente procesado por la reapertura del caso relativo a la mina de Aznalcóllar. La relación profesional entre Figueroa y Fernández ha sido utilizada recurrentemente por distintos actores políticos para cuestionar la imparcialidad y la idoneidad del interventor ahora dimitido, especialmente tras el cambio de ciclo político derivado de la moción de censura que llevó a María Jesús Montero a la cartera de Hacienda a nivel nacional.
Instrumentalización política y el choque en el Senado
La figura de Miguel Ángel Figueroa no era ajena al fragor parlamentario. Su nombre saltó a la primera línea del debate nacional cuando la ministra María Jesús Montero lo utilizó como escudo dialéctico en el Senado. Ante las críticas de la oposición por las supuestas irregularidades en la gestión de la SEPI, Montero señaló directamente a Figueroa como la «mano derecha» del investigado Vicente Fernández, recordándole al Partido Popular que el actual interventor andaluz procedía precisamente de ese entorno administrativo.
Este cruce de acusaciones convirtió a un perfil eminentemente técnico en una pieza de ajedrez política. La secretaria general del PSOE andaluz trató de desactivar las críticas sobre su gestión ministerial devolviendo la presión hacia la administración de la Junta, subrayando que quien ostentaba la máxima responsabilidad de fiscalización en Andalucía había sido un colaborador estrecho en la SEPI durante la etapa bajo sospecha.
Un perfil administrativo forjado en la gestión pública
A pesar del convulso final de su etapa como interventor general, Figueroa cuenta con una extensa hoja de servicios en la administración. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales. Su carrera se ha desarrollado en puestos de alta responsabilidad técnica:
- Interventor central del SAS: Gestión del control financiero sanitario entre 2017 y 2018.
- Delegado en Educación y Hacienda: Supervisión de cuentas departamentales durante casi una década.
- Dirección General de la Agencia IDEA: Liderazgo en la agencia de innovación hasta su nombramiento en 2025.
- Control de Gasto Público: Experto en la fiscalización de las partidas presupuestarias más sensibles de la comunidad.
Hacia un nuevo relevo en la Intervención General
Con la aceptación de la dimisión por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se abre ahora un periodo de interinidad. Está previsto que el próximo miércoles, 17 de junio, el Consejo de Gobierno en funciones designe a un sustituto que asuma la tarea de blindar la transparencia de las cuentas andaluzas. El reto del nuevo titular será desvincular el cargo de las polémicas judiciales externas y recuperar la autoridad fiscalizadora en un entorno político cada vez más polarizado.
La salida de Figueroa cierra un capítulo donde la gestión administrativa y las tramas judiciales de ámbito nacional se han entrelazado de forma inevitable, dejando vacante uno de los puestos más críticos para el diálogo social y la estabilidad presupuestaria de la autonomía.