La gestión de la seguridad nacional y la transparencia informativa ha chocado frontalmente en el despacho de José Manuel Albares. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido blindar los análisis técnicos sobre la injerencia extranjera digital que precedió a la entrada masiva de miles de personas en Ceuta a finales de julio. Pese a las solicitudes formales de acceso a la información, el Gobierno ha optado por el silencio documental, remitiéndose exclusivamente a explicaciones políticas dadas en sede parlamentaria.
El bloqueo administrativo a los informes de inteligencia digital
El núcleo de la controversia reside en los documentos elaborados por la consultora tecnológica INAR. IA Labs & Technologies S.L., entidad adjudicataria del servicio de monitorización de campañas de Manipulación e Interferencia Informativa Extranjera (FIMI). Estos informes, que deberían arrojar luz sobre el origen de los bulos que movilizaron a decenas de miles de personas hacia la frontera española, han sido denegados al abogado Guillermo Rocafort, quien lidera esta ofensiva por la transparencia.
La respuesta oficial, firmada por la Dirección General de Comunicación y Diplomacia Pública, argumenta que el contenido esencial ya fue expuesto por el ministro Albares en su comparecencia del pasado 28 de agosto. Sin embargo, los expertos señalan que un discurso político no equivale a la entrega de datos técnicos, métricas de redes sociales ni la identificación de nodos de desinformación que un contrato público de esta envergadura debe generar.
Contradicciones entre el relato oficial y la realidad fronteriza
Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores insiste en una narrativa donde la cooperación con Marruecos es calificada de «esencial», diversos informes internos de las fuerzas de seguridad sugieren un panorama más complejo. La negativa a entregar los informes FIMI impide contrastar si la tecnología de detección detectó una autoría estatal o si, por el contrario, la crisis fue alimentada de forma orgánica.
- La cifra de entradas irregulares se estima entre 70.000 y 80.000 personas en apenas 48 horas.
- El ministro Albares atribuyó la crisis a una «internacional reaccionaria» y redes rusas, sin aportar pruebas documentales del contratista.
- Se ignora el grado de permisividad de las autoridades del país vecino durante las jornadas de máxima tensión.
El papel de la Inteligencia Artificial en la crisis de Ceuta
El contrato con INAR. IA Labs no es una cuestión menor. Se trata de una herramienta de vanguardia diseñada para identificar patrones de guerra híbrida. La ocultación de estos informes específicos sobre Ceuta deja sin respuesta preguntas fundamentales: ¿Se detectaron granjas de bots operando desde el Magreb? ¿Hubo una coordinación digital para desbordar los servicios de inteligencia españoles?
La crítica hacia el Gobierno se centra en que, disponiendo de mecanismos de detección para los años 2025 y 2026, España parece haber fallado en la fase de prevención. Según los impulsores de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un análisis diligente de la campaña FIMI habría permitido invocar la Ley de Servicios Digitales de la UE para forzar a las plataformas sociales a bloquear los mensajes de movilización hostil.
Hacia una batalla legal en el Consejo de Transparencia
Ante la negativa de Exteriores, la vía administrativa se agota y se abre el escenario de la reclamación ante organismos superiores. La opacidad en torno a los informes de injerencia no solo afecta al derecho a la información, sino que plantea dudas sobre la eficacia de la estrategia de ciberseguridad del Estado frente a potencias vecinas.
En conclusión, el caso Ceuta revela una preocupante tendencia al uso del secreto administrativo para cubrir posibles negligencias en la vigilancia digital. Si los informes de INAR. IA Labs confirmaran que la campaña de desinformación fue masiva y detectable, la responsabilidad política de José Manuel Albares y su equipo por no haber actuado preventivamente se vería seriamente comprometida, lo que explica, a ojos de los analistas, el actual bloqueo documental.