El escenario político en Castilla y León se ve sacudido por la reciente citación judicial de Javier Faúndez. El actual presidente de la Diputación de Zamora ha comparecido públicamente para dar cuenta de su situación como investigado en una trama de presunto fraude en subvenciones públicas vinculadas al ámbito deportivo. Este caso, que pone bajo sospecha el manejo de fondos institucionales, centra su atención en el apoyo financiero otorgado a competiciones de alta montaña en la provincia.
Estrategia de defensa y transparencia institucional
Ante la gravedad de las acusaciones, el máximo responsable de la institución provincial ha optado por una política de comunicación proactiva. Faúndez ha confirmado que tanto él como el responsable del área de Deportes, Juan del Canto, deberán prestar declaración para esclarecer su implicación en la gestión de las ayudas destinadas al Club Deportivo Ultrasanabria. A pesar de la condición de investigado, el dirigente del Partido Popular mantiene una postura de absoluta serenidad, alegando que la propia Diputación se personó inicialmente como parte perjudicada en el proceso.
Uno de los puntos más destacados de su estrategia personal es la decisión de sufragar sus propios gastos jurídicos. En un intento por separar su defensa legal de la estructura administrativa de la Diputación, Faúndez ha rechazado el uso de los servicios jurídicos provinciales para afrontar este proceso. Según ha manifestado, su objetivo es demostrar que no existe «el más mínimo indicio» de criminalidad en su proceder, basándose en que su llegada a la presidencia fue posterior a la concesión de los fondos bajo sospecha.
Cronología de una subvención bajo sospecha
Para comprender el alcance del conflicto, es necesario analizar el calendario administrativo de las ayudas concedidas al organizador de las carreras de ultramaratón en Sanabria. Faúndez recalca que su vinculación con los expedientes es inexistente o meramente procedimental debido a los siguientes factores:
- Gestión heredada: Al asumir el cargo en junio de 2023, la subvención principal ya había sido otorgada y el anticipo económico ejecutado por la corporación anterior.
- Rol previo: Durante el mandato precedente, su labor se limitaba a la cartera de Medio Ambiente, sin competencias directas sobre el reparto de fondos deportivos.
- Bloqueo de ayudas: Tras detectarse las primeras irregularidades en la justificación de los gastos, el actual equipo de gobierno paralizó de forma inmediata cualquier transferencia adicional al club investigado.
Cifras y validación técnica del gasto público
El núcleo de la investigación gira en torno a una partida de 180.000 euros. Los informes técnicos que Faúndez planea presentar ante el Tribunal de Instancia de Zamora el próximo 25 de septiembre sugieren que la actividad deportiva efectivamente se realizó y que los gastos justificados superaron los 200.000 euros. No obstante, la controversia reside en la veracidad de dichos justificantes y en los posibles reparos que la Intervención de la Diputación habría señalado en ejercicios anteriores.
El presidente sostiene que las validaciones de los años 2024 y 2025 contaron con el visto bueno del secretario y de los servicios de intervención, lo que a su juicio blinda la legalidad de las actuaciones administrativas realizadas bajo su mando directo. La defensa se apoyará en que los convenios de colaboración cumplían con el objeto social y deportivo para el que fueron diseñados, independientemente de las presuntas prácticas fraudulentas que el responsable del club deportivo pudiera haber cometido de forma autónoma.
Un horizonte judicial por despejar
La comparecencia del 25 de septiembre será clave para el futuro político de Javier Faúndez. Por el momento, el dirigente ha anunciado la interposición de un recurso de reforma con el fin de que se anule su citación como investigado, argumentando una falta de base jurídica sólida para incluirlo en la causa. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la gestión de las subvenciones a eventos de gran formato queda bajo un estricto control, en un intento de la institución por recuperar la confianza ciudadana y garantizar el rigor administrativo en cada euro invertido en el deporte zamorano.