La situación en la ciudad autónoma de Ceuta ha escalado hasta convertirse en una emergencia de salud pública que trasciende el ámbito migratorio. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha solicitado formalmente a Pedro Sánchez que evalúe el confinamiento sanitario de la región. Esta medida drástica surge tras la identificación de diversos brotes de enfermedades infectocontagiosas que amenazan la estabilidad sanitaria de la población civil y militar.
Crisis epidemiológica: Brotes infecciosos en el entorno urbano
Tras mantener encuentros estratégicos con los representantes de los Colegios de Médicos y de Enfermería en Ceuta, el líder de la oposición ha alertado sobre un escenario clínico preocupante. Los datos recabados indican la presencia activa de patologías como la tuberculosis, la sarna y casos aislados de varicela, además de una cifra alarmante que supera los 450 diagnósticos de gastroenteritis.
El riesgo, según Feijóo, se agrava por las condiciones de insalubridad en las que miles de personas se encuentran distribuidas por la geografía ceutí, desde barrancos hasta playas. Esta falta de cobijo y atención adecuada genera un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades que ya han comenzado a afectar a los contingentes militares destinados en la zona. El dirigente popular insiste en que, ante la evidencia de estos focos, el Gobierno debe aplicar con urgencia los protocolos de salud pública pertinentes para evitar un impacto mayor en la ciudadanía.
Crítica a la gestión ministerial y la «indolencia» del Ejecutivo
La respuesta de la administración central ha sido objeto de duras críticas por parte de Feijóo, quien ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García. El líder del PP considera injustificable que se hayan demorado 17 días en realizar una visita institucional a Ceuta, a pesar de contar con registros epidemiológicos que ya advertían del riesgo sanitario.
Desde la óptica del Partido Popular, existe una incapacidad manifiesta para coordinar la crisis, exacerbada por los conflictos internos entre los socios de coalición. Feijóo ha enfatizado que, mientras la soberanía nacional se ve comprometida, el Gobierno parece más enfocado en derivar responsabilidades hacia las comunidades autónomas que en ejecutar soluciones efectivas desde el mando central.
La estrategia de repatriación frente al reparto de menores
En el plano migratorio, el Partido Popular rechaza la propuesta de redistribución de menores no acompañados por la península. Feijóo sostiene que la prioridad absoluta debe ser el retorno y la repatriación, una postura que asegura estar alineada con los marcos regulatorios de la Unión Europea. El planteamiento del PP se basa en los siguientes puntos clave:
- Aceleración de expedientes: Refuerzo inmediato de las unidades de extranjería para tramitar los retornos en turnos ininterrumpidos.
- Cooperación con Marruecos: Aprovechar la disposición del país vecino para la recepción de sus nacionales, garantizando que los menores regresen con sus familias o bajo la tutela de sus autoridades.
- Cumplimiento de la legalidad: Ejecutar los procedimientos de expulsión de forma urgente ante una situación que se califica como «supuesto de emergencia».
Inseguridad ciudadana y la «humillación» internacional
Más allá de la crisis sanitaria, el líder popular ha denunciado un deterioro del orden público. Feijóo ha trasladado el temor de muchas mujeres en la ciudad que evitan salir a la calle al caer la tarde y la preocupación por el inicio del curso escolar en un entorno de inestabilidad social. Para el PP, lo que ocurre en Ceuta representa una «invasión» que pone en evidencia la debilidad de la política exterior española.
Finalmente, Alberto Núñez Feijóo ha expresado su preocupación por la imagen de España ante sus aliados, afirmando que el país ha sido «humillado» por la gestión de esta crisis. Mientras se espera que el Gobierno dé explicaciones en sede parlamentaria y avancen las diligencias judiciales en la Audiencia Nacional, la oposición se mantiene firme en no facilitar que el Ejecutivo utilice a los menores como arma política contra los gobiernos regionales, exigiendo una gestión de Estado para un problema de integridad territorial.