Ante el complejo escenario inmobiliario que atraviesa España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha diseñado una hoja de ruta que sitúa la edificación residencial como el motor principal de su estrategia económica. En un contexto marcado por la dificultad de acceso al mercado para los más jóvenes, el dirigente gallego propone un plan de choque habitacional que aspira a transformar la oferta disponible mediante la construcción de un millón de nuevos inmuebles en un horizonte de cinco años.
Un millón de viviendas: la respuesta a la escasez de oferta
La propuesta estrella de los populares se centra en alcanzar un ritmo de 200.000 viviendas anuales. Feijóo sostiene que el déficit acumulado entre 2019 y 2023 ha generado un estrangulamiento del mercado que solo puede resolverse con una intervención decidida desde la oferta. Para lograrlo, el plan contempla medidas estructurales que rompen con el modelo de gestión actual:
- Liberación de suelo público: Se pretende movilizar terrenos de titularidad estatal para abaratar el precio final de la vivienda en un 30%.
- Silencio administrativo positivo: Implementación de permisos de construcción automáticos si las administraciones locales no resuelven los expedientes en un plazo de 90 días.
- Seguridad jurídica: Activación de una ley antiokupación para dotar de mayores garantías a los propietarios y dinamizar el mercado del alquiler.
- Avales para jóvenes: Cobertura de hasta el 100% de la hipoteca para facilitar la emancipación juvenil, un sector especialmente golpeado por la inflación.
Reforma fiscal: Blindaje contra la inflación y presión impositiva
Más allá del ladrillo, el modelo fiscal de Feijóo busca devolver competitividad a las familias. Su compromiso principal es evitar cualquier incremento de la presión fiscal generalizada, apostando por una «deflactación» del IRPF. Esta medida técnica busca que las subidas salariales nominales —motivadas por la inflación— no se traduzcan en un salto automático de tramo impositivo, protegiendo así el poder adquisitivo real de los trabajadores.
En el ámbito de la compraventa, el PP abre la puerta a una reducción significativa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del IVA al 4% en casos específicos. Feijóo contrapone esta visión con modelos autonómicos que han elevado estas tasas, defendiendo que una menor carga impositiva en las transacciones fomenta la rotación del parque inmobiliario y la inversión privada.
Desburocratización: «Una ley nueva, tres fuera»
El análisis de Feijóo sobre el estado actual del país señala al exceso de normativa como un freno a la creación de riqueza. Su propuesta de gestión administrativa se basa en la simplificación radical: por cada nueva regulación aprobada, se plantea derogar tres existentes. Este enfoque busca reactivar la economía no a través del gasto público masivo, sino liberando las trabas que hoy lastran a la empresa familiar y a los emprendedores.
El líder popular ha cuestionado duramente el uso de los fondos públicos sin el control presupuestario tradicional en el Congreso, alertando sobre un déficit de confianza institucional. Para Feijóo, la próxima legislatura debe priorizar la estabilidad política y el reencuentro de la sociedad, alejándose de la crispación que, a su juicio, ha caracterizado la relación del actual Ejecutivo con los sectores productivos.
El reto electoral del 29-N
A pesar de las encuestas y de su posición como ganador en los anteriores comicios, el candidato del PP mantiene la cautela sobre su llegada a La Moncloa. Feijóo reconoce la dificultad del proceso electoral, pero subraya que su proyecto no responde a intereses personales, sino a una necesidad de regeneración económica. En su reciente intervención ante empresarios, recalcó que la política debe volver a ser una herramienta de gestión útil para el ciudadano «peatonal», lejos de los discursos de división y orientada a solucionar problemas reales como el absentismo laboral y la pérdida de renta per cápita.
Con este programa, el Partido Popular intenta movilizar a un electorado preocupado por la economía y el futuro habitacional, posicionando a España en una encrucijada entre el continuismo del gasto público o un cambio de paradigma hacia el fomento de la inversión y el alivio fiscal.