La controversia judicial en torno a la desaparición de Carles Puigdemont tras su fugaz aparición en Barcelona el pasado agosto sigue sumando capítulos. En un movimiento estratégico, el Ministerio Público ha decidido impugnar el carpetazo judicial a la investigación que pesaba sobre tres agentes de los Mossos d’Esquadra. Esta apelación busca que la Audiencia de Barcelona revalúe los hechos y determine si existió un plan coordinado para facilitar la salida del expresidente del territorio nacional.
El desafío de la Fiscalía a la resolución de archivo
La Fiscalía no comparte el criterio de la titular del Juzgado de Instrucción número 24, quien recientemente decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El recurso presentado sostiene que la decisión de archivar la causa fue prematura, insistiendo en que la conducta de los agentes podría encajar en un presunto delito de encubrimiento. Para el órgano acusador, la presencia de estos efectivos en las inmediaciones del acto de Lluís Companys, coincidiendo con la investidura de Salvador Illa, no fue casual ni puramente testimonial.
A diferencia de la visión judicial previa, que subrayaba la falta de una «estrategia compartida», el nuevo escrito de la Fiscalía pone el foco en la necesidad de agotar las vías de investigación para esclarecer si hubo un concierto previo entre los investigados y el entorno del líder de Junts. La tesis acusatoria sugiere que la infraestructura que permitió a Puigdemont evadir el cordón policial requería, necesariamente, de una logística en la que agentes con formación específica podrían haber jugado un papel determinante.
Los argumentos de la jueza: falta de pruebas individualizadas
El conflicto jurídico reside en la interpretación de los indicios recogidos durante casi dos años de diligencias. Hasta el momento, la justicia ordinaria ha mantenido una postura garantista basada en los siguientes puntos clave:
- Ausencia de comunicaciones: No se han hallado registros de llamadas, mensajes o correos electrónicos que vinculen directamente a los mossos con la logística de la huida hacia Francia.
- Inexistencia de actos concretos: La instrucción previa no logró identificar una acción específica y personal de cada agente que resultara imprescindible para el éxito de la fuga.
- Cronología de las detenciones: Los agentes fueron arrestados en una fase temprana, antes incluso de que se completara el traslado del expresidente fuera de Cataluña, lo que dificultaría probar su participación en las etapas finales del trayecto.
Implicaciones para el cuerpo de los Mossos d’Esquadra
Este caso no solo afecta a los tres individuos investigados, sino que pone bajo la lupa la neutralidad política y la eficacia operativa de la policía autonómica catalana. La reapertura de la causa supondría mantener una sombra de sospecha sobre la cadena de mando y los protocolos de seguridad que fallaron estrepitosamente aquel 8 de agosto de 2024. Mientras la defensa de los agentes insiste en que se trata de una persecución sin base probatoria, la Fiscalía busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos ante líderes políticos con órdenes de detención vigentes.
El escenario actual queda ahora a expensas de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si confirma el archivo definitivo o si, por el contrario, ordena practicar nuevas diligencias para buscar ese «vínculo» que, según la jueza de instrucción, todavía no ha aparecido en el sumario.