La gestión de los fondos públicos destinados a la comunicación institucional vuelve a estar bajo el foco crítico. El Ministerio de Igualdad, operando a través del Instituto de las Mujeres, ha decidido blindar la información relativa a las compensaciones económicas de diversas figuras públicas que participaron en el evento central del 8M. A pesar de las solicitudes de acceso a la información, el departamento dirigido por Ana Redondo ha evitado desglosar cuánto dinero público percibieron perfiles como el de la analista Sarah Santaolalla o la periodista Marta Nebot.
El polémico argumento de la ‘petición abusiva’
La negativa de la administración no se basa en una falta de fondos, sino en una interpretación técnica y subjetiva de la Ley de Transparencia. El Instituto de las Mujeres ha calificado formalmente como abusivo el requerimiento de información. Según el organismo, atender a este tipo de peticiones supone una carga de trabajo desproporcionada que interfiere con el funcionamiento normal de sus servicios técnicos.
Para sostener esta postura, la institución alega tres puntos clave:
- La inexistencia de un expediente único que aglutine todos los costes del evento del Día Internacional de la Mujer.
- La supuesta necesidad de realizar una reelaboración de datos compleja, argumentando que la información no está disponible con el nivel de detalle solicitado.
- El historial del solicitante, a quien acusan de saturar el sistema con decenas de peticiones anuales, lo que consideran un indicio de mala fe administrativa.
Influencers y activistas: el núcleo del acto institucional
El acto, celebrado en el marco del Museo del Prado, no solo contó con la presencia de la cúpula del Gobierno, sino que tuvo como protagonistas a diversas creadoras de contenido y comunicadoras vinculadas al activismo digital. Entre los nombres sobre los que se ha solicitado transparencia figuran:
- Sarah Santaolalla (analista y colaboradora).
- Carla Galeote (creadora de contenido).
- Albanta San Román y Júlia Salander (perfiles influyentes en redes sociales).
- Marta Nebot (periodista).
Aunque se conoce que otros aspectos del evento, como el servicio de catering, supusieron un desembolso de 16.280 euros, la retribución específica por la participación de estas profesionales permanece en la sombra. Esta falta de desglose impide conocer si acudieron de forma altruista o bajo contratos de prestación de servicios profesionales, una distinción vital para la rendición de cuentas en el uso de presupuestos estatales.
Fragmentación de gastos y dificultades de fiscalización
Uno de los aspectos más llamativos de la resolución emitida por el Portal de Transparencia es la admisión de que los gastos del 8M se encuentran fragmentados en diferentes ejercicios presupuestarios, mencionando incluso previsiones para 2025 y 2026. Esta dispersión administrativa dificulta que cualquier ciudadano u organismo de control pueda obtener una visión global del coste real del evento.
Además, el Ministerio defiende que gran parte de los recursos utilizados fueron medios materiales y personales propios. Sin embargo, la negativa a cuantificar la dedicación de estos recursos genera un vacío informativo sobre la eficiencia del gasto público. Al no existir una imputación económica específica para cada intervención, el resultado es una opacidad estructural que choca con los principios de transparencia que el propio Ejecutivo suele defender en sus discursos públicos.
El conflicto entre el derecho a saber y la burocracia
Este caso pone de relieve la tensión creciente entre el derecho de acceso a la información pública y las herramientas de defensa que utiliza la Administración para denegarlo. Al etiquetar una solicitud como «abusiva» por el mero hecho de exigir un desglose pormenorizado, se sienta un precedente que podría limitar la fiscalización de cualquier contrato menor o pago a colaboradores externos en el futuro.
En conclusión, el velo impuesto sobre los honorarios de Sarah Santaolalla y el resto de participantes no solo oculta cifras, sino que plantea interrogantes sobre los criterios de contratación del Ministerio de Igualdad. Mientras el departamento de Ana Redondo se escuda en la carga de trabajo administrativa, el debate sobre cuánto cuesta realmente la proyección mediática de las políticas de igualdad sigue sin una respuesta clara y documentada.