Estabilidad en las coaliciones: Vox descarta una repetición de la crisis de 2024
La formación liderada por Santiago Abascal ha decidido priorizar la cohesión institucional con el Partido Popular frente a la reciente crisis migratoria en Ceuta. A diferencia de lo ocurrido en el pasado ejercicio, los portavoces de la formación, encabezados por José María Figaredo, sostienen que los pactos autonómicos no corren peligro en la actualidad. Esta postura se fundamenta en un cambio de estrategia del Gobierno central que, paradójicamente, ha servido para unir a los socios de coalición frente a las decisiones tomadas desde el Palacio de la Moncloa.
El secretario general del grupo parlamentario ha calificado como «política ficción» cualquier rumor sobre una posible fractura en los gobiernos regionales. Según la visión de la formación, el escenario político de 2025 es radicalmente distinto al que provocó la salida de Vox de varios ejecutivos autonómicos el año anterior, centrando ahora su foco de ataque en la gestión de la administración central.
El blindaje jurídico y la nueva normativa de reparto de menores
La clave de esta calma política reside en la naturaleza del nuevo Real Decreto implementado este año. Vox argumenta que, a diferencia de 2024 cuando los consejeros del PP aceptaron voluntariamente el reparto en conferencias sectoriales, la situación actual viene impuesta por una decisión totalitaria del Estado. Este matiz permite a ambos partidos articular una oposición conjunta sin que se produzca un choque directo entre las piezas que conforman los gobiernos de coalición.
Desde la formación se destaca que los gobiernos regionales van a «pelear» activamente para frenar estos traslados, utilizando todas las herramientas legales a su alcance. El objetivo es denunciar lo que consideran una imposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez que vulnera las competencias territoriales y la seguridad jurídica de las comunidades receptoras.
Estrategia judicial: La repatriación como única alternativa legal
Vox insiste en que la solución al conflicto migratorio en las ciudades autónomas no debe ser la redistribución por la península, sino la repatriación inmediata de los menores a sus países de origen. Argumentan que el derecho internacional ampara y prioriza la reunificación familiar, señalando que los menores deben estar con sus padres en Marruecos.
- Acciones legales: Inicio de procedimientos judiciales contra el Gobierno central por presuntos incumplimientos de la ley de extranjería.
- Cumplimiento de tratados: Exigencia de aplicar los acuerdos de devolución firmados con terceros países de forma «ipso facto».
- Denuncia de arbitrariedad: Crítica al uso de decretos que excluyen a regiones gobernadas por formaciones separatistas.
El agravio territorial y la exclusión de regiones separatistas
Un punto de fricción adicional que refuerza la alianza entre PP y Vox es la denuncia de un trato de favor hacia Cataluña y el País Vasco. Figaredo ha señalado que el nuevo marco normativo parece blindar a las comunidades con apoyos independentistas frente a la presión migratoria, derivando la responsabilidad exclusivamente hacia las autonomías donde gobierna la derecha. Esta percepción de injusticia distributiva actúa como un catalizador para mantener la unidad en las coaliciones actuales.
En conclusión, la formación asegura que no se quedará de brazos cruzados ante lo que denominan el fomento de una «avalancha migratoria». Sin embargo, el campo de batalla ya no será la ruptura de los pactos autonómicos, sino un enfrentamiento técnico y judicial contra la administración central, garantizando así la supervivencia de los gobiernos regionales compartidos con el Partido Popular.