La investigación judicial sobre la gestión de la DANA en Valencia ha arrojado luz sobre la fragilidad del sistema de respuesta ante catástrofes. El jefe de Explotación Operativa de Emergencias, en su reciente declaración ante el juzgado de Catarroja, ha descrito un escenario de colapso técnico y operativo que alcanzó su punto crítico la tarde del 29 de octubre de 2024. Según el testigo, el volumen de emergencias superó cualquier capacidad humana o tecnológica, convirtiendo la situación en algo «insostenible» para los servicios de socorro.
El colapso del sistema: 1.200 llamadas y un bloqueo total
A diferencia de lo que podría considerarse un fallo técnico común, el servicio de emergencias 112 no sufrió una caída de red, sino un colapso por saturación extrema. A partir de las 17:00 horas, el sistema empezó a rechazar llamadas de forma automática ante la imposibilidad de procesar la avalancha de peticiones de auxilio que llegaban simultáneamente desde diversos puntos de la provincia.
- Se registraron picos de más de 1.200 llamadas concurrentes.
- Los tiempos de atención se dilataron debido a la complejidad de cada caso.
- El sistema operativo llegó a un estado de saturación que impedía la entrada de nuevas alertas.
- La gestión de la crisis se vio desbordada por la magnitud geográfica del desastre.
La advertencia temprana sobre el barranco del Poyo
Uno de los puntos más críticos de la declaración judicial reside en el contacto directo entre los técnicos y los responsables políticos. A las 14:00 horas, se produjo una reunión clave en la sala del 112 donde estuvieron presentes la exconsellera Salomé Pradas y otros altos cargos como Emilio Argüeso y Jorge Suárez. Durante este encuentro, que duró apenas quince minutos, el jefe de explotación asegura haber trasladado su máxima preocupación por el barranco del Poyo.
En ese momento, ya existían reportes de desbordamientos en localidades como Chiva, Buñol y Manises. La señal de alarma era clara: se estaban recibiendo avisos de inundaciones en zonas donde la lluvia no era intensa, lo que indicaba que el agua bajaba con fuerza desde las cabeceras de los barrancos. Pese a estas advertencias técnicas, la visita institucional concluyó sin que se demandara información adicional detallada sobre los riesgos específicos de la cuenca del Poyo.
Cronología de una jornada de máxima tensión
Para entender la magnitud del desastre, es necesario analizar cómo escaló la emergencia desde las primeras horas de la mañana. La alerta roja de la Aemet ya estaba activa antes de las 08:00, y el flujo de llamadas fue desplazándose geográficamente conforme avanzaba el frente meteorológico:
Entre las 08:00 y las 09:30, el foco de las emergencias se situó en Utiel y Requena. Tras una breve estabilización a mediodía, el volumen de avisos volvió a dispararse a las 14:00, coincidiendo con la llegada de la comitiva oficial. A partir de esa hora, la situación dejó de ser una emergencia controlable para convertirse en una crisis sistémica que terminaría bloqueando las líneas de comunicación oficiales tres horas después.
Gestión política y presión en el CECOPI
El testimonio también reveló momentos de alta tensión personal dentro del centro de mando. Alrededor de las 19:30, Emilio Argüeso regresó a la sala de emergencias en un estado que el testigo describió como «agitado y nervioso». Según la declaración, el cargo político no buscaba en ese momento una actualización estratégica de la catástrofe, sino que solicitaba gestiones para casos particulares de conocidos que no lograban contactar con el 112.
Este detalle subraya la desconexión operativa entre la realidad del colapso técnico —donde el sistema ya rechazaba miles de llamadas— y los intentos de gestión individualizada por parte de los responsables de interior. Mientras el barranco del Poyo ya causaba estragos aguas abajo, el sistema que debía coordinar el rescate se encontraba totalmente incapacitado para dar respuesta a la población civil, evidenciando una brecha letal entre la detección del peligro y la ejecución de medidas de protección ciudadana.
Conclusión del análisis judicial
La declaración del jefe de Explotación Operativa del 112 refuerza la hipótesis de que existió un desfase crítico entre el conocimiento técnico del peligro y la toma de decisiones políticas. El reconocimiento de un sistema «colapsado» y «rechazando llamadas» pone en entredicho la eficacia de los protocolos de contingencia actuales frente a fenómenos meteorológicos de esta magnitud, dejando sobre la mesa la necesidad de una reforma profunda en la arquitectura de los servicios de emergencia en España.