La declaración de Jésica Rodríguez ante el tribunal ha arrojado una luz definitiva sobre la gestión de recursos humanos en la órbita del antiguo Ministerio de Transportes. La expareja de José Luis Ábalos ha admitido que su paso por la empresa pública Ineco fue puramente nominal, confirmando que percibió una remuneración estatal durante dos años sin haber realizado una sola jornada de trabajo efectivo. Esta confesión refuerza las tesis de la investigación sobre el uso de entidades públicas para beneficios personales.
El testimonio clave: un sueldo público sin funciones asignadas
Ante el fiscal, Rodríguez fue tajante al describir su situación laboral: nunca llegó a incorporarse físicamente a su puesto. Tras ser contratada, su contacto directo fue Joseba García, hermano del entonces asesor ministerial Koldo García. Según el testimonio de la joven, en su primer encuentro con su supuesto supervisor, este le comunicó que no se requería su presencia ni su trabajo, consolidando así una figura de empleada fantasma que se mantuvo vigente mientras terminaba sus estudios.
Uno de los aspectos más reveladores de su comparecencia fue el desconocimiento que alegó sobre la naturaleza de la entidad. La testigo manifestó que, en aquel momento, pensaba que Ineco era una compañía privada perteneciente a alguna amistad de Ábalos. La ausencia de simbología oficial o sellos gubernamentales en el despacho donde se gestó su fichaje contribuyó a que no identificara que sus ingresos provenían directamente del erario público.
Una entrevista de trabajo marcada por la informalidad
El proceso de selección que relató Rodríguez se aleja de cualquier estándar administrativo de una empresa estatal. La oportunidad surgió tras una conversación con el propio exministro, quien le planteó la posibilidad de trabajar para cotizar a la Seguridad Social. La joven envió su currículum directamente a Ábalos a través de una aplicación de mensajería, lo que desencadenó una cita coordinada por terceras personas de su círculo de confianza.
La reunión definitiva no tuvo lugar en una sede oficial, sino en una oficina situada en el Paseo de la Habana. Allí, la presencia de Koldo García fue determinante. Durante la sesión, el asesor del ministro tomó las riendas de la conversación, desplazando al personal técnico presente. Los puntos clave de este encuentro fueron:
- La validación de competencias se limitó a preguntas rudimentarias sobre capacidad de lectura y escritura.
- Se estableció de inmediato el puesto de auxiliar administrativa sin evaluar experiencia previa.
- La confirmación de la contratación fue instantánea, por orden directa del propio Koldo García.
Implicaciones en la investigación por malversación
La relevancia de este testimonio radica en que confirma la existencia de una red de favores que utilizaba la estructura de Transportes para fines ajenos al interés general. El hecho de que un alto cargo facilite la entrada de personas de su entorno íntimo en la administración, bajo el paraguas de contratos donde no se exige prestación laboral, sitúa el foco en un posible delito de malversación de fondos y tráfico de influencias.
La declaración de Rodríguez ratifica las informaciones que apuntaban a que el entorno de Ábalos operaba con total discrecionalidad dentro de las empresas dependientes del ministerio. La figura de Jorge San José, entonces responsable de Recursos Humanos y presente en la entrevista, también queda señalada por su papel en la validación de estos procesos de contratación que eludían los principios de mérito y capacidad necesarios en el sector público.
Conclusión del interrogatorio: un sistema de impunidad
Al finalizar su comparecencia, quedó patente que la estructura diseñada por el núcleo de confianza del exministro permitía la asignación de nóminas como una forma de asistencia personal. La confesión de «nunca fui a trabajar» no solo es un reconocimiento de una irregularidad administrativa, sino una prueba de cargo que complica la defensa de los principales investigados en esta trama. La justicia deberá determinar ahora hasta qué punto este modus operandi era una práctica extendida dentro de los entes bajo la tutela de Ábalos.