La justicia barcelonesa ha decidido elevar la presión sobre el Ejecutivo central en el marco de las investigaciones por el ciberespionaje político. En un movimiento que desafía la opacidad institucional, el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha solicitado formalmente al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos confidenciales relacionados con el uso del software Pegasus contra destacados representantes de la CUP.
El asalto judicial al blindaje de los servicios de inteligencia
El núcleo de esta resolución radica en la necesidad de esclarecer si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo participación o conocimiento en la monitorización de los terminales móviles de los exdiputados David Fernández, Carles Riera y Albert Botran. El magistrado busca evitar que la Ley de Secretos Oficiales se convierta en un muro infranqueable antes de citar a declarar a la directora de la inteligencia española, Esperanza Casteleiro.
Esta petición de transparencia no es un trámite menor. Representa un conflicto de intereses entre la seguridad nacional y el derecho a la tutela judicial efectiva. Al solicitar el acceso a datos declarados secretos o reservados, el juzgado intenta determinar si la vigilancia tuvo cobertura legal o si, por el contrario, se produjo una extralimitación de las funciones estatales fuera del control judicial previo.
La pista del dinero: De los servidores a las cuentas en Luxemburgo
La estrategia del juez instructor no se limita al ámbito nacional. Ha extendido su investigación hacia la estructura financiera de la tecnología de vigilancia. El magistrado sospecha que la mercantil Osy Technologies, matriz de NSO Group, no se limitó a vender el software, sino que pudo haber asistido de forma directa en el control de los servidores que facilitaron la infección de los dispositivos.
Para desentrañar este entramado, se ha emitido una orden europea de investigación dirigida a las autoridades de Luxemburgo. El objetivo es ambicioso:
- Identificar todas las cuentas bancarias asociadas a las empresas responsables de Pegasus.
- Rastrear los movimientos bancarios realizados en un periodo extenso, entre 2016 y 2022.
- Detectar posibles pagadores de origen español que financiaron estas operaciones de intrusión digital.
Vulneración de la privacidad y revelación de secretos
El caso se fundamenta en la recepción de mensajes SMS maliciosos por parte de los tres políticos independentistas. Estos mensajes habrían servido de «caballo de Troya» para instalar el programa espía, permitiendo un acceso total a sus comunicaciones privadas, archivos y localización en tiempo real. Según el criterio del instructor, estos hechos podrían encajar perfectamente en un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
A diferencia de otras causas de espionaje, la querella presentada por Fernández, Riera y Botran pone el foco en la responsabilidad de las empresas desarrolladoras. Al considerar que existe una colaboración necesaria entre el proveedor tecnológico y el cliente final, la justicia abre una vía para responsabilizar a las corporaciones privadas por el uso ilícito de sus herramientas en suelo europeo.
Hacia un nuevo escenario de rendición de cuentas
La resolución del Consejo de Ministros ante esta petición marcará un precedente en la gestión de las crisis de ciberseguridad que afectan a la esfera parlamentaria. Si el Gobierno accede a la desclasificación, se abriría la puerta a un análisis técnico sin precedentes sobre los métodos de actuación del CNI y su relación con el software israelí.
Mientras tanto, la investigación en Luxemburgo sigue su curso, buscando el nombre del cliente español que ordenó la monitorización de la CUP. Este cruce de datos entre el rastro financiero internacional y los documentos reservados del Estado es, hasta la fecha, el intento más sólido de la justicia por arrojar luz sobre las cloacas de la vigilancia digital en España.