La justicia malagueña ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la gestión de personal en el Ayuntamiento de Estepona. El Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad ha decretado la apertura de juicio oral contra el actual regidor, José María García Urbano, bajo la acusación de haber cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El núcleo de la controversia reside en la contratación de una funcionaria eventual durante un breve periodo de 46 días en el año 2023. Según las diligencias judiciales, existen indicios de que dicha incorporación se realizó sin que la persona beneficiaria llegara a ejercer funciones reales en la administración municipal, lo que ha derivado en una acusación formal por el uso indebido de fondos públicos.
Las peticiones de condena: Un escenario legal complejo
La situación procesal del alcalde se complica por la disparidad en las peticiones de penas por parte de las acusaciones. La Fiscalía de Málaga, tras analizar los hechos, ha solicitado una condena de un año y once meses de prisión, sumada a una inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público que se extiende por casi seis años.
Por otro lado, la acusación popular, liderada en este caso por el PSOE, eleva significativamente el tono de la reclamación judicial. Los socialistas demandan una pena de cinco años y medio de cárcel y una inhabilitación que alcanzaría los diez años. Esta diferencia de criterios subraya la gravedad con la que cada parte interpreta la supuesta irregularidad en el decreto de alcaldía que dio origen al contrato.
Cronología de una contratación bajo sospecha
El relato de los hechos se centra en el primer trimestre de 2023. Los puntos clave que la Audiencia de Málaga deberá dirimir incluyen:
- La emisión de un decreto de Alcaldía el 13 de febrero de 2023 para la contratación de personal de confianza.
- El cobro de haberes que ascienden a más de 5.200 euros por apenas mes y medio de supuesta actividad.
- La presunta inexistencia de contraprestación laboral efectiva por parte de la contratada.
- La relación personal que, según el Ministerio Público, vinculaba al regidor con la beneficiaria del contrato.
Un aspecto relevante del proceso es la devolución de los fondos. Una vez que la maquinaria judicial se puso en marcha, García Urbano procedió a reponer en las arcas municipales tanto el salario percibido por la acusada como los gastos correspondientes a la Seguridad Social. Este movimiento, aunque busca resarcir el daño patrimonial al patrimonio municipal, no detiene el procedimiento penal en curso.
La estrategia de defensa: ¿Persecución política o error administrativo?
Desde el entorno del alcalde se defiende con firmeza la legalidad de todas las actuaciones. La defensa sostiene que existen informes internos de Recursos Humanos y testimonios de trabajadores que avalan que la persona contratada sí desempeñó sus funciones de manera presencial en el consistorio. Para el equipo legal del regidor, el origen del caso es espurio, naciendo de declaraciones realizadas en otros procedimientos que ya fueron archivados con anterioridad.
García Urbano ha manifestado públicamente su intención de que la vista oral se celebre con celeridad para «limpiar su imagen». Su defensa argumenta que este juicio es el resultado de una estrategia de desgaste político diseñada para socavar su gestión al frente de Estepona, señalando que las acusaciones carecen de la consistencia necesaria para prosperar en una instancia superior.
Próximos pasos en la Audiencia de Málaga
Al no concurrir supuestos para el sobreseimiento, la justicia ha determinado que la Audiencia Provincial es el órgano competente para juzgar estos hechos. El debate jurídico se centrará en demostrar si hubo un «concurso medial» entre la decisión administrativa de contratar y el posterior perjuicio económico para la ciudad.
Este juicio supone uno de los retos más significativos para la carrera política de García Urbano, quien ha mantenido mayorías sólidas en el municipio. La resolución de este caso determinará no solo su futuro personal, sino también la estabilidad institucional de uno de los ayuntamientos más prominentes de la Costa del Sol.