Giro penal en el cisma de Belorado: De la ruptura eclesiástica al banquillo de los acusados
Lo que comenzó como una rebelión teológica y un sonado cisma religioso ha derivado en un oscuro escenario judicial. El Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha decidido avanzar firmemente hacia la apertura de un juicio oral contra siete de las exmonjas que protagonizaron la ruptura con la Iglesia católica. La magistrada encargada del caso ha hallado indicios sólidos de criminalidad que van mucho más allá de la simple desobediencia canónica, centrando la causa en el presunto trato degradante y abandono que sufrieron cinco religiosas de avanzada edad bajo su custodia.
Este procedimiento marca un punto de inflexión para el grupo que, tras ser desahuciado del monasterio de Belorado en Burgos, se encuentra actualmente repartido entre las localidades de Puebla de Montalbán (Toledo) y Orduña (Bizkaia). La justicia no solo pone el foco en la integridad física de las ancianas, sino también en una supuesta gestión económica fraudulenta que habría servido para financiar proyectos personales y empresariales de las acusadas.
Maltrato y precariedad: Las condiciones en el monasterio de Orduña
El auto judicial describe una situación alarmante respecto a las condiciones de vida de las cinco monjas mayores, cuyas edades oscilan entre los 87 y los 101 años. Según los informes de la Guardia Civil y los peritajes forenses, las víctimas fueron trasladadas de Burgos a Bizkaia de forma apresurada, presuntamente para ser utilizadas como «escudos» ante un inminente desalojo. Durante su estancia en Orduña, las ancianas habrían carecido de una atención médica adecuada y de un control riguroso de su medicación.
La investigación detalla un entorno de insalubridad caracterizado por:
- Falta de condiciones higiénico-sanitarias básicas en las estancias de las residentes.
- Presencia de animales sueltos en zonas comunes, comprometiendo la limpieza.
- Evidencias de manipulación psicológica y control estricto sobre las comunicaciones de las mayores.
- Indicios de un trato humillante que buscaba menoscabar la dignidad de personas en situación de dependencia extrema.
Un factor determinante para la jueza es el hecho de que las víctimas padecían un deterioro cognitivo que les impedía comprender o autorizar su salida de la Iglesia católica o su traslado físico. En este sentido, se considera que las exmonjas procesadas incumplieron gravemente su deber de cuidado y protección hacia quienes eran las figuras más vulnerables de la comunidad.
Explotación financiera: Pensiones destinadas a negocios externos
El espectro delictivo se amplía hacia el ámbito económico. Las siete investigadas enfrentan cargos por administración desleal y apropiación indebida. La tesis judicial sostiene que las exreligiosas habrían desviado de forma sistemática las pensiones de jubilación de las monjas ancianas para sostener actividades ajenas a la vida conventual. Entre estos destinos financieros destacan un criadero de perros y un negocio de hostelería ubicado en Arriondas (Asturias).
Mientras las mayores vivían en condiciones precarias, sus recursos económicos supuestamente servían para dar oxígeno a estas iniciativas comerciales. Esta presunta malversación de fondos refuerza la acusación de omisión del deber de socorro, ya que el dinero destinado al bienestar y salud de las ancianas habría sido priorizado para el mantenimiento del grupo cismático y sus intereses privados.
La estrategia de la defensa y la exclusión de Sor Myriam
En este complejo tablero judicial, ha habido una excepción notable: Zaida Pinar, conocida anteriormente como Sor Myriam. La magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional para ella al considerar que no existen pruebas de su participación directa en los hechos. Su residencia permanente en el restaurante de Asturias y sus visitas esporádicas a Orduña la sitúan fuera de la cadena de mando responsable del cuidado diario de las ancianas.
Por su parte, la representación legal de las exmonjas ya ha anunciado una batalla jurídica. Argumentan que el auto no ha tenido en cuenta pruebas clave aportadas por la defensa, como actas notariales de comunicaciones privadas, y planean presentar un informe neurológico para rebatir las acusaciones de maltrato. A pesar de la contundencia de los indicios, las procesadas mantienen una postura de incredulidad y aseguran estar «unidas» frente a lo que consideran una injusticia mediática y judicial.
El caso queda ahora a la espera de que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares presenten sus escritos definitivos. El juicio, que promete ser uno de los más mediáticos del año, pondrá bajo la lupa la delgada línea entre la libertad religiosa y la responsabilidad penal frente al cuidado de los más débiles.