Acción legal ante la desidia ferroviaria en Cataluña
La formación política Junts per Catalunya ha decidido elevar al ámbito judicial la problemática del transporte ferroviario tras el trágico suceso ocurrido en Gelida. A través de una denuncia formal, el partido señala directamente a Renfe, ADIF y a la Dirección General de Carreteras como responsables de un sistema que califican de deficiente y peligroso. La querella no solo busca justicia por el accidente del pasado 20 de enero, sino que pretende destapar lo que consideran una gestión negligente de las infraestructuras en el territorio catalán.
Los hechos que fundamentan esta acción legal se centran en el descarrilamiento de un convoy de la línea R4, un evento que segó la vida de un maquinista en prácticas y dejó un balance de decenas de heridos con diversa gravedad. Según los portavoces de la formación, este incidente podría encajar en delitos de homicidio por negligencia grave y vulneración de los derechos de los trabajadores, además de generar un riesgo catastrófico para los usuarios habituales del servicio.
Negligencia técnica: El colapso del muro en la AP-7
Uno de los puntos clave de la investigación que solicita Junts radica en la caída de un muro de contención perteneciente a la autopista AP-7 sobre la vía férrea. Esta circunstancia vincula directamente la seguridad ferroviaria con el mantenimiento de las carreteras estatales. La formación sostiene que existió una falta de inspección y prevención por parte de las empresas encargadas de la infraestructura vial, lo que desencadenó el siniestro al no asegurar correctamente los elementos colindantes a las vías del tren.
- Falta de mantenimiento preventivo en los taludes y muros de la AP-7.
- Deficiencias en los protocolos de seguridad ferroviaria y vigilancia de obstáculos.
- Ausencia de una coordinación efectiva entre el Ministerio de Transportes y los entes gestores en Cataluña.
Crisis de Rodalies: Un problema estructural y político
Desde la perspectiva de Junts, el accidente de Gelida no es un hecho aislado, sino la manifestación más dramática de un colapso sistémico. Salvador Vergés y Mònica Sales han denunciado que viajar en tren por Cataluña se ha convertido en una actividad de riesgo, una especie de «lotería» diaria para miles de ciudadanos. Culpan de esta situación a décadas de desinversión crónica por parte de los gobiernos centrales, señalando tanto a administraciones socialistas como populares por el incumplimiento de las partidas presupuestarias prometidas.
La crítica política también apunta hacia el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien acusan de alinearse con los intereses de Moncloa en lugar de exigir soluciones inmediatas para la red ferroviaria catalana. Para Junts, el centralismo ferroviario ha priorizado la expansión de la alta velocidad en otras regiones, descuidando la seguridad y la fiabilidad de las cercanías, que son el eje vertebrador de la movilidad cotidiana en Barcelona y sus alrededores.
Exigencias de dimisión ante la inseguridad en las vías
La presión de la formación se ha intensificado sobre la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya dimisión consideran «inaplazable». Miriam Nogueras ha subrayado que la gestión actual carece de la planificación necesaria para garantizar la calidad de las infraestructuras. El miedo y la desconfianza de los pasajeros son, según Nogueras, el resultado directo de una política que prioriza el marketing político sobre la integridad de los usuarios.
Finalmente, la formación exige que el Gobierno central asuma su responsabilidad y deje de eludir las explicaciones necesarias. La denuncia presentada no solo busca depurar responsabilidades técnicas en Renfe y ADIF, sino forzar un cambio de rumbo en la política de transportes que ponga fin a lo que consideran un agravio histórico hacia los ciudadanos catalanes. La seguridad, concluyen, no puede ser objeto de excusas administrativas ni de cálculos electorales.