La justicia pone el foco sobre una de las figuras más reconocibles de la moda gallega. La Audiencia Provincial de La Coruña ha iniciado el proceso judicial contra la diseñadora Kina Fernández, su esposo, sus dos hijas y un asesor financiero. El núcleo del litigio reside en una presunta estrategia de alzamiento de bienes diseñada para eludir el pago de deudas tras el concurso de acreedores de la sociedad Volvoreta, la matriz de su firma textil.
Un entramado familiar para eludir a la Agencia Tributaria
Según el planteamiento de la Fiscalía, la familia no se limitó a enfrentar una insolvencia empresarial fortuita, sino que presuntamente orquestó un plan para salvaguardar activos a costa de sus acreedores, principalmente la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La acusación sostiene que, entre los años 2010 y 2013, se ejecutó una «desaparición controlada» de la solvencia de Volvoreta mientras la actividad comercial se trasladaba, de forma opaca, a nuevas sociedades controladas por las hijas del matrimonio.
Este desvío de facturación permitió que establecimientos ubicados en puntos estratégicos como Madrid, Murcia o La Coruña siguieran operando bajo nuevas siglas, pero utilizando los recursos y el inventario de la empresa concursada. El Ministerio Público destaca que este trasvase de puntos de venta se realizó sin que mediara ningún tipo de contraprestación económica, traspaso o contrato de cesión legal, dejando a la sociedad original como un cascarón vacío sin capacidad de pago.
El misterio de las 19.000 prendas desaparecidas
Uno de los puntos más críticos de la investigación financiera se centra en la brutal diferencia de existencias en inventario detectada por los administradores. En el año 2011, los registros de viabilidad de la empresa contabilizaban más de 20.000 prendas de vestir, valoradas en casi dos millones de euros. Sin embargo, al llegar el momento de la liquidación final en 2014, el stock se había reducido a apenas 1.600 unidades.
- Vaciado patrimonial: Transferencia de activos inmobiliarios, incluyendo una vivienda de lujo valorada en 400.000 euros, hacia la sociedad Galitex.
- Opacidad comercial: Entrega de productos terminados a las tiendas de las hijas sin la emisión de las facturas correspondientes.
- Cooperación necesaria: El papel del gestor financiero fue determinante para dar apariencia de legalidad a las operaciones de insolvencia.
Peticiones de pena y consecuencias financieras
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Fiscal solicita una condena de siete años de cárcel para cada uno de los cinco implicados principales. Además de la privación de libertad, se reclama una indemnización solidaria que asciende a los dos millones de euros, cifra destinada a resarcir a los acreedores perjudicados por el cese de pagos sistemático que la pareja mantuvo desde 2011.
El juicio también busca la nulidad de todos los actos fraudulentos realizados mediante escrituras públicas durante el periodo bajo sospecha. Esto implicaría revertir las transmisiones de participaciones sociales y bienes inmuebles que fueron enajenados con el supuesto fin de ocultarlos ante una posible ejecución judicial. La defensa, por su parte, deberá justificar por qué la actividad mercantil de una firma consolidada se disolvió en favor de un nuevo ecosistema empresarial familiar justo cuando las deudas públicas se volvieron insostenibles.
Este caso representa un duro golpe a la reputación de la marca y subraya la vigilancia extrema de las autoridades sobre los concursos de acreedores que terminan en una liquidación sin activos, especialmente cuando existen indicios de que la riqueza ha sido desplazada hacia el entorno cercano de los administradores.