La batalla judicial por el denominado «caso mascarillas» alcanza un punto de inflexión con la última maniobra legal de Koldo García. El que fuera asesor clave en el Ministerio de Transportes ha decidido trasladar su ofensiva al Tribunal Constitucional (TC), buscando frenar de forma cautelar la ejecución de su condena de casi dos décadas de prisión. Esta estrategia sigue la estela de su antiguo superior, José Luis Ábalos, planteando un desafío directo a la sentencia previa dictada por el Tribunal Supremo.
El cuestionamiento de la competencia judicial
El núcleo de la impugnación presentada por la defensa de García radica en la supuesta falta de competencia del Tribunal Supremo para haber instruido y juzgado la causa. Según el recurso de amparo, una vez que Ábalos abandonó su escaño y perdió su condición de aforado a principios de 2026, el procedimiento no debió permanecer en el alto tribunal. La tesis defensiva sostiene que el caso debió derivarse íntegramente a la Audiencia Nacional, garantizando así el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
Bajo esta premisa, el recurso solicita al Tribunal Constitucional una medida drástica: la retroacción de las actuaciones. El objetivo es que todo el proceso sea remitido al órgano que consideran legalmente competente, lo que supondría anular las decisiones judiciales tomadas hasta la fecha respecto a la responsabilidad penal de Koldo García en la trama de corrupción en contratos sanitarios.
La polémica en torno al pacto con Víctor de Aldama
Otro de los pilares del recurso se centra en la figura de Víctor de Aldama y el trato preferencial que, según la defensa, recibió por parte de la Fiscalía. Se denuncia la existencia de una «conformidad parcial» no reconocida formalmente, que permitió al comisionista evitar la entrada en prisión tras una rebaja sustancial de su condena a cuatro años y medio.
- Denuncia de opacidad en la gestación de acuerdos entre acusados y el Ministerio Fiscal.
- Vulneración del derecho de defensa al no poder conocer los términos de la colaboración de Aldama.
- Crítica a la asimetría en las penas impuestas a los diferentes actores de la trama.
La defensa, ejercida hasta hace poco por Leticia de la Hoz, argumenta que estos acuerdos «bajo cuerda» distorsionan el proceso penal y perjudican la presunción de inocencia del resto de implicados, al basar parte de las condenas en testimonios obtenidos mediante beneficios procesales no transparentes.
El riesgo de una doble persecución penal
Un argumento adicional de gran peso jurídico es la duplicidad de investigaciones. Mientras el Tribunal Supremo dictaba sentencia, la Audiencia Nacional mantenía abierta otra pieza que analiza operativas financieras y flujos de ingresos similares vinculados a Koldo García. Esta situación genera el riesgo real de una segunda condena por los mismos hechos, lo que vulneraría el principio de «non bis in idem».
Asimismo, se alega que el suplicatorio concedido inicialmente por el Congreso de los Diputados se limitaba a hechos muy específicos relacionados con los contratos de material sanitario. Sin embargo, la sentencia final terminó abarcando otros episodios, como las contrataciones presuntamente irregulares de su expareja en empresas de titularidad pública, lo que para la defensa excede los límites legales de la acusación autorizada.
Perspectivas ante el Tribunal Constitucional
En conclusión, el recurso de amparo de Koldo García no solo busca una revisión de su caso particular, sino que pone en tela de juicio la estructura misma del proceso judicial español en casos de corrupción política. Al invocar la vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad, la defensa intenta forzar un pronunciamiento del Constitucional que podría paralizar la entrada en prisión del exasesor mientras se resuelve el fondo de estas graves alegaciones legales.