En un giro procedimental inesperado dentro de la Audiencia Nacional, la abogada Leticia de la Hoz, conocida por representar al exasesor Koldo García, ha tomado la iniciativa de solicitar su propia imputación. Mediante un escrito remitido al magistrado Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire Díez, la defensa busca personarse formalmente como investigada para ejercer su derecho a la defensa ante las graves acusaciones vertidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Las graves acusaciones de manipulación de testimonios
El núcleo de la controversia que salpica a De la Hoz reside en las declaraciones de la empresaria Carmen Pano. Según los informes policiales, la letrada habría intentado influir en el testimonio de Pano mediante ofertas económicas sustanciales. El objetivo de este presunto soborno sería conseguir que la empresaria modificara su relato sobre el transporte de 90.000 euros a la sede central del PSOE en la calle Ferraz.
De acuerdo con las indagaciones de la UCO, los encuentros entre la abogada y la empresaria tenían un propósito claro: blindar judicialmente a figuras clave como el exministro José Luis Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García. Pano relató ante los agentes que la intención manifestada por el entorno de la abogada era «salvar el culo» a los mencionados políticos ante las causas judiciales abiertas.
Una estrategia de defensa con experiencia en el caso Ábalos
Para afrontar este nuevo escenario procesal, Leticia de la Hoz ha confiado su representación legal al exfiscal Carlos Bautista. Resulta relevante destacar que Bautista ya posee un conocimiento profundo de las ramificaciones de estas tramas, pues ejerció durante un periodo la defensa del propio Ábalos. En el escrito presentado, se solicita urgentemente el acceso a la plataforma digital de la Audiencia Nacional para que el equipo jurídico pueda analizar el sumario completo y las actuaciones realizadas hasta la fecha.
- Derechos procesales: La solicitud busca que se le reconozca a De la Hoz la condición de parte con todos los derechos inherentes.
- Fiscalía Anticorrupción: El movimiento se anticipa a la petición de la Fiscalía, que ya había sugerido al juez la necesidad de citarla como investigada.
- Transparencia judicial: La defensa argumenta la necesidad de conocer las pruebas para contrarrestar el relato de la UCO.
Presunto mercadeo de declaraciones: De bodas a alquileres
El testimonio de Carmen Pano detalla una supuesta negociación de tintes domésticos para alterar la verdad judicial. Según la empresaria, en las reuniones mantenidas con el despacho de De la Hoz, se llegó a cuantificar el valor del «favor» procesal. Las cifras mencionadas en el sumario incluyen 25.000 euros para sufragar los gastos de la boda de la hija de Pano, además de mensualidades de hasta 2.800 euros para cubrir el alquiler de su vivienda.
Incluso el chófer de la empresaria, Álvaro Gallego, habría formado parte de estas conversaciones, solicitando presuntamente una ayuda de 15.000 euros para la adquisición de un vehículo. Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia que busca desentrañar si existió una red organizada dedicada a desestabilizar los procesos judiciales que afectan directamente a la estructura del actual Gobierno y al partido que lo sustenta.
Por el momento, el juez Pedraz no ha emitido una resolución definitiva sobre la personación voluntaria de la abogada, aunque el peso de las pruebas aportadas por la Guardia Civil hace prever que la citación formal sea inminente. El caso Leire Díez continúa así expandiéndose, pasando de ser una investigación sobre influencias políticas a un posible escándalo de obstrucción a la justicia y corrupción en el ámbito legal.