La arquitectura institucional de Cataluña atraviesa un nuevo episodio de tensión interna tras la reciente decisión del ejecutivo de Salvador Illa. El epicentro del conflicto se sitúa en la gestión de la defensa jurídica de los Mossos d’Esquadra, una competencia que ha vuelto a la Consejería de Interior mediante el Decreto 213/2025. Esta maniobra administrativa no solo deshace el camino andado en la anterior legislatura, sino que ha provocado una respuesta contundente por parte de los servicios jurídicos de la propia administración autonómica.
El desafío jurídico ante el TSJC: Un pulso por las competencias
Una ofensiva legal liderada por el Fòrum d’Advocacia de la Generalitat busca frenar judicialmente esta reforma estructural. El colectivo ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), argumentando que la normativa actual podría incurrir en una situación de contra legem al solapar funciones. La preocupación principal de los letrados no es solo organizativa, sino que apunta a la creación de nuevas figuras y plazas que, según su criterio, ya están legalmente asignadas al Cuerpo de Abogacía del Gobierno catalán.
Entre los puntos críticos que el recurso pone sobre la mesa, destacan los siguientes aspectos:
- La posible duplicidad de funciones de asesoramiento y representación jurídica dentro de la Dirección General de la Policía.
- La redistribución de circuitos de defensa jurídica penal, que podría desplazar a profesionales especializados por personal de menor escala.
- El temor a que se rompa el criterio de proporcionalidad penal en los procesos judiciales contra manifestantes.
El tribunal ya ha admitido a trámite la impugnación, y se espera que en los próximos días se determine si procede la suspensión cautelar de los artículos más polémicos del decreto, una medida preventiva solicitada con urgencia por los recurrentes.
Del pacto con la CUP al retorno a la centralidad de Interior
Para comprender la magnitud de este cambio, es necesario analizar el origen del modelo anterior. En 2021, bajo la presidencia de Pere Aragonès y como parte de los acuerdos políticos con la CUP, la cobertura legal de la policía autonómica se trasladó a la Consejería de Presidencia. Aquel movimiento fue interpretado como un gesto político para rebajar la intensidad de las acusaciones particulares de la Generalitat en causas vinculadas al activismo independentista.
Este sistema generó una notable fractura interna. Mientras sectores políticos buscaban evitar el enfrentamiento con sus bases tras años de movilizaciones sociales, los sindicatos policiales denunciaron una desprotección sistemática de los agentes. En ese periodo, figuras clave de la abogacía pública, como Xavier Uriós o Josep Lluís Florensa, abandonaron sus puestos de responsabilidad en la administración, evidenciando un malestar profundo con el modelo impuesto.
Impacto en la estrategia procesal y el papel de la acusación
El regreso de las competencias a Interior bajo el mandato del PSC supone algo más que un simple cambio de organigrama; es un cambio de filosofía punitiva. Los letrados críticos con el nuevo decreto sospechan que esta recentralización facilitará que la Generalitat vuelva a solicitar penas más elevadas en procesos judiciales donde los agentes resulten heridos o agredidos.
Por otro lado, la recuperación de figuras como el mayor Trapero en la dirección general simboliza una voluntad de restaurar la autoridad y la operatividad del cuerpo, alejándolo de las dinámicas parlamentarias que caracterizaron la anterior legislatura, donde comisiones sobre el modelo policial intentaban fiscalizar cada actuación operativa.
Conclusión: Un escenario de incertidumbre administrativa
La resolución del TSJC marcará el futuro inmediato de la seguridad jurídica en Cataluña. Si la justicia opta por la suspensión cautelar, el plan de Salvador Illa para normalizar la defensa de los Mossos sufrirá un parón significativo. Lo que queda claro es que la transición hacia un modelo post-independentista en la gestión del orden público no será un camino libre de obstáculos legales, especialmente cuando los propios abogados de la administración perciben que la reestructuración amenaza el ordenamiento estatutario vigente.