La gestión de los fondos públicos destinados a la solvencia empresarial ha dado un giro radical hacia la opacidad. Bajo la presidencia de Belén Gualda, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ejecutó una maniobra interna que desmanteló los mecanismos de supervisión técnica justo cuando las dudas sobre los rescates a Air Europa y Plus Ultra comenzaban a aflorar. Esta decisión, lejos de ser una simple reforma administrativa, se ha interpretado como un movimiento estratégico para eliminar los frenos técnicos que dificultaban la aprobación de ayudas millonarias.
El fin de la Dirección de Planificación y Control
Pocas semanas después de aterrizar en el cargo en la primavera de 2021, Gualda procedió a la supresión de la Dirección de Planificación y Control. Este departamento era, hasta ese momento, el corazón de la fiscalización interna del organismo estatal. Según fuentes conocedoras del ente, la orden procedía de las esferas más altas del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, con el objetivo claro de agilizar procesos que estaban siendo bloqueados por criterios estrictamente profesionales.
El equipo liderado por Manuel Alves y otros subdirectores técnicos se había convertido en un obstáculo para la hoja de ruta política. Sus informes eran preceptivos y su capacidad para detectar irregularidades y deficiencias en los pliegos de condiciones de los rescates puso en alerta a la cúpula. El rigor con el que este órgano analizaba las operaciones de compraventa y los activos inmobiliarios chocaba frontalmente con la urgencia gubernamental por inyectar capital en empresas seleccionadas.
Rescates bajo sospecha: De la supervisión a la vía libre
El punto de fricción más evidente se produjo durante el análisis de las aerolíneas. La profesionalidad del equipo de Alves quedó patente cuando obligaron a una consultora externa de primer nivel a emitir hasta tres versiones de la auditoría de Air Europa debido a las constantes objeciones técnicas que presentaba el departamento de control. Este nivel de exigencia garantizaba que ninguna operación se aprobara sin un respaldo financiero sólido y transparente.
Sin embargo, con la eliminación de este órgano, la SEPI se aseguró lo que internamente se denomina tener las «manos libres». Las consecuencias de esta desregulación interna se hicieron visibles en las operaciones posteriores:
- Rescates de 2022: Operaciones valoradas en más de 500 millones de euros para empresas como Técnicas Reunidas, Wamos y Global Exchange no contaron con el filtro técnico que supervisó los casos de 2021.
- Reubicación de críticos: Manuel Alves fue relegado a un puesto técnico de menor rango, mientras que los responsables que facilitaron los rescates han ocupado posiciones estratégicas o han pasado a la empresa privada.
- Prórrogas de excepción: La falta de fiscalización ha permitido que, mediante decretos urgentes en el BOE, se evite el concurso de acreedores de aerolíneas rescatadas al no computar sus pérdidas de años críticos.
El fenómeno de las puertas giratorias y la gestión de Global Exchange
Uno de los casos más controvertidos tras el desmantelamiento de los controles internos es el de José Ángel Partearroyo. Tras ser el responsable de gestionar los expedientes de Air Europa y Plus Ultra desde la Dirección de Participadas, Partearroyo supervisó la concesión de 45 millones de euros a Global Exchange en febrero de 2022. Sorprendentemente, apenas siete meses después de la aprobación de esta ayuda pública, el directivo fue fichado por la propia compañía salmantina de cambio de divisas.
Este movimiento ha sido calificado dentro de la propia institución como un síntoma claro de la degradación de los estándares éticos y de vigilancia. Al eliminar al equipo de planificación que «hacía difícil que se la colaran» a la administración, se abrió una brecha donde la discrecionalidad política prima sobre la solvencia técnica.
Blindaje legal frente a la insolvencia
La culminación de esta estrategia de laxitud supervisora se ha reflejado recientemente en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno ha prorrogado hasta finales de 2026 la normativa excepcional que permite a empresas con pérdidas masivas evitar la disolución o el concurso de acreedores. Esta medida beneficia directamente a las entidades rescatadas por la SEPI, que de otro modo tendrían que enfrentarse a una realidad financiera insostenible.
En definitiva, la reestructuración impulsada por Belén Gualda no solo transformó el organigrama de la SEPI, sino que alteró fundamentalmente el ecosistema de control de la inversión pública en España. La desaparición de los técnicos independientes que alertaron de anomalías ha dejado paso a una gestión donde los criterios de oportunidad política parecen haber sustituido a la ortodoxia financiera, dejando al contribuyente expuesto a operaciones cuya rentabilidad y legalidad siguen bajo una lupa judicial y mediática cada vez más intensa.