La tensión política entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central ha alcanzado un nuevo punto de inflexión jurídico. El titular de Sanidad en la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha decidido elevar al Tribunal Supremo su conflicto con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El origen de esta disputa legal reside en unas declaraciones públicas donde la ministra vinculaba directamente al consejero con beneficios económicos derivados de la gestión privada en el sistema de salud.
El fracaso de la vía extrajudicial y el salto al Supremo
La decisión de interponer la querella no ha sido impulsiva, sino el resultado de un proceso de conciliación fallido. El pasado 2 de abril estaba prevista una reunión entre ambas partes para que Morant se retractara de sus afirmaciones. Sin embargo, la ausencia de la ministra y de sus representantes legales en dicho acto fue interpretada por la defensa de Gómez como una ratificación tácita de sus palabras, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo amistoso.
Dada la condición de aforada de Diana Morant por su cargo en el Ejecutivo nacional, el Tribunal Supremo es la única instancia competente para dirimir esta causa por presuntas injurias y calumnias. El consejero valenciano sostiene que la ministra actuó con pleno conocimiento del impacto mediático que generarían sus críticas, lanzadas desde una posición de máxima responsabilidad política.
Las acusaciones sobre el modelo sanitario y Ribera Salud
El núcleo del conflicto se remonta a un acto público celebrado en febrero. En aquel escenario, la también secretaria general del PSPV acusó a Gómez de lucrarse mediante la privatización sanitaria. La ministra llegó a señalar que el nombre del consejero aparece de forma recurrente tras las operaciones relacionadas con el grupo Ribera Salud, sugiriendo una connivencia entre los intereses públicos y privados bajo su gestión.
- Acusación directa: Morant afirmó que Gómez obtenía beneficios personales del modelo de gestión externa.
- Alcance mediático: Las declaraciones se realizaron en la Delegación del Gobierno, garantizando una difusión masiva.
- Argumento de defensa: Gómez niega cualquier vinculación irregular y defiende la transparencia de su trayectoria.
Reclamaciones económicas y daños a la imagen institucional
Más allá del reproche penal, la querella incluye una reclamación económica significativa. La defensa del consejero de Sanidad ha fijado una indemnización provisional de 30.000 euros. Esta cifra busca compensar los daños morales e institucionales sufridos tras la propagación de unas acusaciones que, según el querellante, carecen de fundamento y solo buscan el desprestigio político.
El documento presentado ante el Alto Tribunal subraya que las palabras de la ministra no pueden ampararse exclusivamente en la libertad de expresión, ya que imputan delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito a un cargo público en ejercicio. La resolución de este caso marcará un precedente sobre los límites de la crítica política cuando esta afecta al honor y la probidad de los gestores públicos en el sector sanitario.